Al enviar a la Legislatura el proyecto de creación de una policía judicial Daniel Scioli dijo que era el de la Comisión Provincial por la Memoria. Es otro anuncio falso en materia de seguridad, como la banda que descarriló el tren para saquearlo o la detención del jefe del cartel mexicano de los Zeta. El cotejo del proyecto que Scioli y Casal firmaron, con el de la CPM, que copresiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, describe bien cómo se mueve el gobernador ante los reclamos de organismos defensores de los derechos humanos, sectores significativos de su propia fuerza política y el gobierno nacional. Según la CPM al delegar la gestión de la seguridad en la policía bonaerense, el gobierno provincial generó ineficacia, armado de causas y corrupción. Este pacto entre el poder político y la corporación policial cuenta con la complicidad de parte del poder judicial, todos volcados al control social de los sectores desfavorecidos. Muchos artículos del proyecto reproducen en forma textual el trabajo de la CPM, pero no aquellos referidos a selección y capacitación del personal, mecanismos de control y transparencia. El proyecto de Casal suprime la asistencia técnica de la policía judicial a la defensa, que la CPM proponía para igualar armas entre fiscales y defensores. La amputación obedece al acuerdo del ministro con la Procurado General, María Falbo, quien también se opone a la autonomía de la Defensa Pública. Falbo, cuyo secretario letrado César Albarracín es hoy el segundo de Casal, ha favorecido en forma sistemática a la acusación, desamparando a la defensa, y Casal no está interesado en modificar ese desequilibrio, que debilita el control a las fuerzas policiales y penitenciarias. El proyecto oficial también delega en Falbo el dictado de los reglamentos e instrucciones de la nueva policía judicial, a la que podrán ingresar miembros de sociedades destinadas a la prestación de servicios de seguridad privada, que para la CPM era una causal de incompatibilidad, y los actuales instructores judiciales y agentes del ministerio público, sin pasar por el proceso de selección general previsto por la CMP. El nuevo cuerpo no podrá recibir denuncias, lo cual desvía la puerta de acceso hacia la Bonaerense. También elimina la junta evaluadora de recursos existentes y borra la garantía de publicidad y participación ciudadana. Una vez que los jurados presentan una terna, la Procuración propone y la Suprema Corte designa, sin la previa audiencia pública en el Senado ni el mecanismo que la CPM contemplaba para una selección cristalina. El proyecto oficial difiere para un futuro reglamento la estructura de las secretarías, los requisitos de ingreso y la conformación de los cuerpos de instructores. Esto anticipa la discrecionalidad posterior con que se armarán esas estructuras, para desvirtuar su funcionamiento. También suprime el Observatorio de funcionamiento de la policía judicial, que la CPM ubicaba en la Legislatura. Tampoco habrá audiencia pública, transparencia ni control para designar al Director, Subdirector y secretarios, cosa que también quedará en manos de la Procuración. El Pacto se hizo explícito en el Día Internacional de la Mujer, cuando Falbo recibió una distinción especial, auspiciada por Fundejus, un sello creado por Casal y el cesanteado ex Procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha como grupo de lobby sobre la Justicia y que auspicia la candidatura presidencial de Scioli.