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El fantasma de la judicialización de los comicios presidenciales volvió a hacerse presente en los últimos días. La hipótesis es que la elección va a ser peleada, que habrá centenares y hasta miles de impugnaciones de mesas y que todo el proceso termina en la Justicia. Algo parecido a lo que ocurrió en la interna radical o en la elección norteamericana entre George Bush y Al Gore. En la cúpula de la Justicia electoral dicen que los tiempos dan para que, pese a las impugnaciones, se llegue a tiempo a hacer la segunda vuelta, pero que si las controversias se presentan por miles y llevan a anular algún distrito –como en el interna radical–, todo el proceso podría empantanarse porque no habría forma de proclamar a los dos candidatos que protagonizarían el ballottage.
La autoridad en cada distrito serán las juntas electorales, que integran el juez electoral de esa provincia, el presidente de la Corte Suprema provincial y el titular de la Cámara Federal del distrito. Ante ellos habrá que realizar las impugnaciones.
El primer paso luego de la elección del domingo es el escrutinio definitivo, supervisado justamente por las juntas electorales. Ese escrutinio se iniciará 48 horas después de los comicios, o sea, el martes. El plazo legal para concluirlo es de diez días, es decir que tendría que estar listo, a más tardar, el 9 de mayo. El otro extremo es que para que el ballottage se haga el 18 de mayo, la definición de los dos contendientes tiene que estar el 11 de mayo, ya que esa semana se necesita para imprimir las boletas, desplegar las urnas y preparar todo para el ballottage. Como se ve, entre el plazo máximo del escrutinio definitivo y el plazo requerido para poner en marcha la segunda vuelta hay apenas dos días.
En la cúpula de la Justicia electoral sostienen que el escrutinio definitivo de unos 17 distritos no va a tardar más de dos o tres días, ya que son las provincias más chicas. Los distritos grandes –Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán– van a tardar unos seis días y la provincia más grande de todas –Buenos Aires– puede llevar los diez días e incluso algún día más. Eso, si no hay grandes impugnaciones ni enormes controversias.
Las disputas en cada distrito serán resueltas por las juntas electorales, pero los partidos que se sientan perjudicados pueden apelar a la Cámara Nacional Electoral. Esa cámara puede tomar su decisión de manera más o menos rápida, porque no necesita darle vista a ningún fiscal. Si se apela el fallo de la cámara, ésta debe aceptar un recurso extraordinario, y en ese caso la controversia llega a la Corte Suprema. Todo quedaría empantanado y no habría chance de realizar la segunda vuelta. Si la cámara, en cambio, rechaza el recurso extraordinario, el partido que impugna puede igual ir a la Corte en queja, pero eso no detendría las cosas, la cámara le envía el resultado electoral al Senado y éste proclama los dos candidatos para el ballottage, haciéndose la segunda vuelta pese a la impugnación.
Según confió a este diario una alta fuente judicial, todo va a depender de la envergadura de las controversias y la cantidad de impugnaciones. Si ocurre como en la interna radical, por ejemplo, que tres distritos enteros tuvieron que ser anulados, el proceso se paralizaría e incluso no se descarta que se deba hacer una elección complementaria. En ese caso no hay tiempo para la segunda vuelta y menos todavía para que asuma el nuevo presidente el 25 de mayo. En esa hipótesis, deberá reunirse la Asamblea Legislativa y designar un presidente interino, eligiendo un funcionario -un legislador o un gobernador– para que gobierne hasta que la elección se complete. En Estados Unidos la controversia Gore-Bush tardó más de un mes, en el radicalismo tres meses y en Catamarca todavía no se solucionó.