El parque, el living, el comedor y un dormitorio de Campo de Mayo: del club de campo a la cárcel.

El ex dictador Jorge Videla y otros once ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad fueron trasladados desde Campo de Mayo hasta el penal de Marcos Paz por disposición del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Todos fueron conducidos el jueves por la tarde en un ómnibus del Servicio, salvo Videla. El ex jefe del Ejército hizo el trayecto en ambulancia, no por cuestiones de salud, sino para preservarlo de agresiones de sus subordinados de entonces, quienes le reprochan haber confesado que los detenidos desaparecidos fueron asesinados en forma clandestina. Los otros once fueron Juan Carlos De Marchi, Ernesto Guillermo Barreiro, Roberto Balmaceda, Carlos Esteban Pla, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Héctor Pedro Vergez, Jorge Alberto Fariña, Gustavo Adolfo Alsina, Guillermo González Chipont y Carlos Alberto Arias. Cabanillas alcanzó el mayor rango después de Videla: general de división. Llegó a integrar la cúpula del Ejército en la década de 1990 hasta que Juan Gelman denunció su participación en el asesinato de su hijo y la desaparición de su nuera y de su nieta. Sólo De Marchi y Barreiro hicieron un fugaz amague de resistir el reasentamiento, del que pronto desistieron. De Marchi fue presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y Barreiro huyó a Estados Unidos, desde donde fue expulsado por falsear su declaración jurada de ingreso. En 2007 la ex ministra de Defensa Nilda Garré se opuso a que militares procesados o condenados por su participación en graves delitos estuvieran en contacto con oficiales jóvenes en actividad, en la prisión militar que antes funcionaba en Campo de Mayo. La U34, creada entonces, forma parte del Servicio Penitenciario y está a cargo de su personal. Pero enclavada en la mayor guarnición militar del país, no se asemeja a las demás unidades. Los ex militares disponen de condiciones de alojamiento más propias de un club de campo que de una cárcel, reciben visitas en sus habitaciones e interactúan sin restricciones de horario ni de espacio. De ahora en adelante sólo se utilizará para la recepción inicial de quienes sean detenidos, quienes luego de un breve lapso serán derivados a la unidad penitenciaria donde haya cupos disponibles. Hortel dirigió en persona el operativo. El micro fue custodiado por dos camionetas del grupo especial del SPF y al llegar a Marcos Paz médicos clínicos, cardiólogos, psicólogos y psiquiatras constataron su estado de salud, y luego fueron derivados a los pabellones del Módulo 4, donde están sus semejantes. Hortel recorrió esos pabellones e ingresó en algunas celdas, acompañado por personal penitenciario. El ex comisario Miguel Etchecolatz, inquirió molesto quién era el intruso. Otro detenido le respondió: “Satanás”. (Hortel prohibió dar misa en la cárcel al condenado capellán policial Christian von Wernich). El director del SPF también dispuso remitir al Archivo Nacional por la Memoria la placa en homenaje del ex juez Jorge Vicente Quiroga, integrante del Camarón antisubversivo creado por la penúltima dictadura, quien en agosto de 1972 instruyó el sumario contra los 19 prisioneros fugados de la cárcel de Rawson y conducidos a la base aeronaval de Trelew, donde fueron asesinados. La resolución de Hortel recuerda que Quiroga no accedió a recibir los habeas corpus presentados por los abogados defensores de los detenidos políticos, ni garantizó su seguridad e integridad física. La placa fue colocada en 1979 en un centro de detención preventivo del SPF, que funcionó en el mismo edificio de la calle Viamonte donde tuvo su sede el Camarón. Esas instalaciones pasaron luego a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su actual presidente, Gustavo A. Bruzzone, remitió la placa al SPF. Quiroga fue asesinado en 1974 por dos integrantes del ERP 22 de Agosto. Según la resolución firmada ahora por Hortel, homenajear a un “cómplice de la impunidad y los fusilamientos en Trelew” contradice el compromiso actual del Servicio “con la existencia de un Estado democrático garante de los derechos humanos”. Su remisión al Archivo Nacional de la Memoria “se inscribe entre los deberes de esta institución democrática, promoviendo el recuerdo constante de aquellas brutales etapas como parte del ejercicio colectivo de la memoria, con el fin de educar a las presentes y futuras generaciones”. Estas decisiones contrastan con la laxitud de los servicios penitenciarios de las provincias de Neuquén y Buenos Aires, que permitieron salidas fuera de la cárcel a los asesinos del maestro Carlos Fuentealba (cabo Darío Poblete) y de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (comisario Alfredo Fanchiotti). En Campo de Mayo permanece aún otra docena de represores: entre ellos Jorge Olivera, responsable de la violación y asesinato de Marie Anne Erize y los condenados por la masacre de Margarita Belén, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes y Horacio Losito.