Las referencias presidenciales a la violenta destrucción de equipamiento de la petrolera PAE en Chubut por un grupo sindical que se identifica como Los Dragones, a las operaciones de prensa que realiza el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y al golpe institucional contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay fueron recibidas con sorna por los sectores que descreen de cualquier conspiración siempre que la víctima sea el gobierno nacional, al que por default atribuyen las peores intenciones y costumbres. Funcionarios judiciales con acceso al expediente llaman la atención sobre el uso de maquinarias agrícolas pesadas que no tenían por qué estar allí, con las que se efectuaron los destrozos en el yacimiento de Cerro Dragón. La información es no obstante escasa, porque la Secretaría de Inteligencia está muy ocupada programando tareas conjuntas con la DEA estadounidense. En forma simultánea a la destitución de Lugo se produjo un alzamiento policial contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, similar al que sufrió Rafael Correa en Ecuador, pero que concluyó con una inteligente negociación. El gobierno se negó a movilizar a las Fuerzas Armadas y el vicepresidente Alvaro García Linera denunció que se buscaba que los militares reprimieran a los policías para generalizar la crisis, como ya ocurrió en 2003 y culminó con la caída del presidente Goni Sánchez de Losada. El lunes pasado, el ex ministro de Justicia Jorge Reinaldo Vanidossi, cuyos informes asociando protesta social con el delito de sedición fundamentaron la represión que hace diez años costó la vida a los militantes populares Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, afirmó que la destitución de Lugo “fue una crisis institucional, no una asonada”, porque el Congreso tenía facultades para realizar el juicio político por mal desempeño del presidente. El desenlace fue vertiginoso, pero Lugo aceptó el juicio político y sus consecuencias mientras se sucedían episodios de violencia. Por lo tanto, “no parece tratarse de un golpe de Estado ni de un golpe desde el Estado”, sentenció el constitucionalista que junto con Fernando de la Rúa redactó la ley de obediencia debida. El mismo día, el boletín trimestral del Consejo de las Américas, Americas Quarterly, publicó un trabajo en inglés arguyendo que Paraguay no debía ser expulsado de la OEA, ni del Mercosur o la Unasur. Firmado por el director legal de la Fundación Human Rights, Javier El-Hage, descalificó la afirmación de los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y la Argentina que caracterizaron lo sucedido como un golpe de Estado, porque no se ejerció violencia sobre Lugo. Agrega que tampoco se trató de un golpe institucional, ya que se siguieron los pasos legales para removerlo por el cargo constitucional de mal desempeño de sus obligaciones. El plazo para su defensa fue exiguo, pero la garantía del debido proceso no reside en su duración sino en el voto calificado de dos tercios para la remoción, que se logró en exceso, sostiene. No obstante sugiere que sería bueno que Paraguay legislara para el futuro un procedimiento de juicio político con garantías procesales tan estrictas como las que asisten a los acusados en la Argentina y Bolivia. Según el órgano de la entidad que expresa a las principales empresas de Estados Unidos con inversiones en América Latina, en cuya sede en Nueva York CFK almorzó hace dos semanas, una tercera causa de deslegitimación sería la “erosión de la democracia”. Pero sólo se aplicaría a gobiernos que “erosionaran la democracia desde adentro, hostigando a los medios independientes, prorrogando los mandatos, trampeando en las elecciones, manipulando la Justicia, persiguiendo a los políticos opositores”. Esto, según el columnista, no ocurrió en Paraguay pero sí en los países cuyos líderes denunciaron lo sucedido como un golpe de Estado: “Si bien electos en forma democrática no han mostrado el menor respeto por los medios independientes, las figuras de la oposición y la Constitución. De hecho, sus propias acciones ya deberían haber llevado a la aplicación de las cláusulas democráticas de la OEA, el Mercosur y la Unasur”. Es decir, para los grandes inversores el problema no es el Paraguay de Franco sino la Argentina de CFK.