La renuncia del Procurador Esteban Righi, quien luego de decir que no sería ni Redrado ni Alberto Fernández se llamó a silencio aún luego de que la Justicia absolviera a su esposa y a otros abogados de su estudio acusados de tráfico de influencias por el vicepresidente Amado Boudou, fue aceptada el 11 de abril. Quedó a cargo de la Procuración una de las joyas remanentes del menemismo judicial, Santiago González Warcalde, yerno y esposo de las ex diputadas cordobesas Leonor Alarcia y Marta Alarcia. En 1993 tuvo que investigar amenazas a periodistas y sólo esclareció el caso de un lunático experto en comunicaciones, porque también había interferido las del avión de Carlos Menem. En 2004, dictaminó a favor de la libertad del ex militar Jorge Varando, autor de los disparos desde el banco HSBC que el 20 de diciembre de 2001 causaron la muerte del joven manifestante Gustavo Ariel Benedetto, de 23 años. Según González Warcalde, no es posible sostener que Benedetto fuera un manifestante sin evaluar “la legitimidad de su accionar, teniendo en cuenta el decreto 1678/2001” por el que De la Rúa declaró el Estado de sitio. Es decir que bien muerto estuvo. Además habilitó su despacho un sábado para disolver la Fiscalía Antisecuestros, cuando investigaba a policías federales por el secuestro del hijo del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg. La asamblea de fiscales repudió la decisión, adoptada “en un día inhábil, sin premura ni necesidad”, según ellos para frenar una investigación que podía llegar hasta el ministro de Justicia de entonces, Gustavo Beliz. González Warcalde también apoyó el recurso extraordinario del ex dictador Jorge Videla, quien consideraba prescriptos los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Plan Cóndor y dictaminó a favor de la liberación de Menem en el juicio por la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia. La candidatura para sucederlo en la Procuración del Síndico General de la Nación, Daniel Penoso, naufragó en la audiencia pública. Los decretos de transparencia en las designaciones judiciales que firmó Néstor Kirchner permitieron que Penoso exhibiera sin cortapisas la extensión y profundidad de su ignorancia. El 8 de junio, la presidente CFK retiró su pliego y envió el de Gils Carbó, una decisión sorpresiva, ya que no tenía conocimiento ni relación personal con ella, sino más bien un antecedente polémico, que fue revalorizado con los años: en abril de 2007, como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación, AGC solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores. Esto a su vez afectaba la reclamada fusión de Cablevisión con Multicanal, que Kirchner aprobó en la última semana de su presidencia. El desempeño de AGC en la audiencia de confirmación fue superlativo y esto le permitió exceder con holgura los dos tercios necesarios para obtener el acuerdo: el 18 de agosto, 63 senadores la confirmaron y sólo tres se opusieron. La primera mujer que conduce la Procuración General fue designada por decreto el 24 de agosto, juró ante la presidente el 29 y el 30 mostró la impronta de su cometido al presentarse en su sede en compañía del escribano general de Gobierno, Natalio Pedro Etchegaray, para documentar el estado financiero, presupuestario, contable y de contrataciones de la Procuración General de la Nación y la cantidad de resoluciones protocolizadas por Righi y por González Warcalde. Le llevó cuarenta días desmantelarlas.