El fiscal federal Carlos Rívolo deberá devolver a la Procuración General casi cien mil pesos que cobró en forma indebida gracias a una resolución del Procurador interino Luis Santiago González Warcalde, que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó revocó el viernes 12. Además, González Warcalde y Rívolo serán sometidos a un sumario administrativo que analizará las respectivas conductas. El episodio se originó en la colaboración que Rívolo prestó al fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal Ernesto Rizzi, en el juicio por el accidente de LAPA (causa “Deutsch, Gustavo y otros s/delito de acción pública”). En febrero de 2010, Rívolo pidió que le pagaran la diferencia entre el cargo de fiscal de primera instancia, que siguió ocupando, y el de Fiscal General ante los Tribunales Orales, que asciende a 97.940,79 pesos. La Asesoría Jurídica dictaminó que no correspondía, ya que no actuó como subrogante designado por el Procurador, que es el único caso que lo permite, sino como coadyuvante por designación del Fiscal de la causa. Es decir, no reemplazó al titular, sólo lo ayudó en su tarea. El Procurador General Esteban Righi rechazó el reclamo y Rívolo lo consintió. Pero este año, a pocos días de asumir como procurador interino y sin que conste en el expediente ningún pedido de Rívolo, González Warcalde sacó la causa del archivo, eludió a la Asesoría Jurídica y le pidió una opinión al secretario de la Procuración Pablo Revilla. Al dejar sin efecto la resolución de Righi, González Warcalde destacó su “conocimiento personal” de los problemas que hubo en esa causa y “la generosa entrega” de Rívolo, es decir consideraciones subjetivas sin asidero normativo. Con este antecedente todos los fiscales comenzaron a pedir que se les pagaran las denominadas coadyuvancias, que son parte de la función que cubre su salario. Por supuesto, no había ninguna previsión presupuestaria para enfrentar esta catarata. El viernes, Gils Carbó volvió todo a su cauce, dejó sin efecto la resolución, ordenó a Rívolo que devolviera los casi cien mil pesos cobrados en forma indebida y remitió las actuaciones a la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos para que evalúe la responsabilidad de González Warcalde, Rívolo y Revilla, quienes no podían desconocer los vicios del procedimiento.