“Solicito a esta Corte Suprema que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso”, reclamó con ímpetu la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con la mirada clavada en los jueces, que estaban apoltronados en sus sillas de respaldo alto. “Le pido que valore los intereses reales en juego, los económicos y la tutela efectiva de derechos fundamentales: la libre información y la soberanía del público”, remarcó. Ese fue el tramo final de la exposición que realizó la procuradora, en la que explicó públicamente las razones por las que ya había dictaminado a favor de la constitucionalidad de la ley de medios.

Gils Carbó sostuvo que Clarín construyó una serie de “falacias” para oponerse a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una de ellas –explicó– es que “viola la libertad de expresión y el derecho de propiedad”. “Hoy son los medios concentrados los que ponen en jaque a gobiernos democráticos”, alertó. Otra de las falacias, señaló, es la que reduce la discusión a un “conflicto entre el gobierno y una empresa” y “simplifica la realidad y se ocultan bienes colectivos que están en juego”. En su repaso del caso, recordó que el primer reclamo de Clarín fue cuando la ley ni siquiera se había aprobado. El grupo monopoliza, explicó, desde la producción del papel de diario, negocios de producción libros, e hizo la lista de licencias de cable, señales y licencias de radios AM y FM además de ser el principal prestador de Internet. Pero también recordó que la conformación del grupo “proviene de reiteradas violaciones a la ley” y que la “piedra angular tuvo lugar en el ’77 con la adquisición de Papel Prensa”, empresa que es investigada por su “participación en delitos de lesa humanidad”. “No puede haber derechos adquiridos afectados ni violación del derecho de propiedad privada a partir de una construcción hecha violando los derechos humanos”, aseveró.

Recordó que ella misma cuestionó la fusión de Cablevisión y Multicanal por “implicar una concentración” con “valores antidemocráticos” y acusó al grupo de obtener “beneficios legislativos y judiciales, gracias al inmenso poder de lobby, con potencialidad extorsiva que proporciona la concentración mediática”, que es contraria a la libre información.