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–¿Cómo se enteró del fallo?

–Aparecieron rumores el martes a la mañana por todos lados. Pero esperamos hasta tener la información o notificación. Lo primero fue la publicación en el sitio de la Corte Suprema.

–¿Creía que iba a salir así? De verdad...

–Teníamos una incertidumbre. No sabíamos cuál iba a ser la opinión de la Corte. Pero no teníamos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley. Después de la audiencia pública, creo que quedó aún más claro. Quedó claro lo que defendía el Estado y lo que defendía el Grupo Clarín. Los que defendíamos la constitucionalidad de la ley estábamos defendiendo la posibilidad de tener una herramienta para garantizar la regulación de un mercado de comunicación audiovisual, entendiendo que la regulación es lo que garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Del otro lado estaba la defensa de intereses económicos y patrimoniales, que nunca pueden estar por encima de derechos colectivos que implican la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El argumento que el Grupo Clarín levantaba con más contundencia era que la aplicación de la ley los fundía y los hacía inviables. Quedó demostrado que era falso. En el fallo de la Corte está claro que los peritos no lo pudieron demostrar. Pero además, ahí quedaba claro que el conjunto de empresas de la Argentina, menos el Grupo Clarín, se presentó voluntariamente y ninguna empresa tiene vocación suicida o ganas de fundirse. Hasta el propio socio de Clarín en el 40 por ciento en Cablevisión se presentó. Y tampoco tiene vocación suicida, es un señor que hace negocios en distintas partes del mundo. Hubo posiciones muy contundentes desde el Estado y los amicus curiae y muy poca solidez desde el Grupo Clarín. Y no creo que el Grupo Clarín tenga malos abogados, creo que no se puede defender lo indefendible. Para defender lo indefendible, más que buenos abogados necesitan magos.

–Con el diario del lunes, ¿le parecen injustas algunas críticas que se hicieron a miembros de la Corte?

–Más que la crítica vinculada con el contenido, hay un análisis más general. Nadie puede negar la facultad de la Justicia de revisar la constitucionalidad de una ley, lo que no puede ser es que se tarde cuatro años para eso. Eso habla del funcionamiento de la Justicia. Cuatro años es lo que dura un mandato presidencial. Ya no es responsabilidad de la Corte, sino de la Justicia en su conjunto. Eso genera una situación de gravedad institucional. Un diputado o diputada que no logra construir mayorías en el Parlamento puede tomarse un taxi, ir a la Justicia y retrasar cuatro años la aplicación de una ley, o sea, lograr con una medida cautelar lo que no logró juntando mayorías en el Parlamento. Eso lesiona las instituciones de la democracia.

–Clarín dijo que va a recurrir a tribunales internacionales y apelar las decisiones que toma la Afsca.

–Ellos pueden ir a los tribunales que consideren. Está claro que eso no genera ninguna medida suspensiva para la aplicación de la ley. La discusión sobre la constitucionalidad de la ley está acabada. Se terminó la discusión y se terminó la incertidumbre. Lo que hay que hacer ahora es aplicar integralmente la ley. Que ellos sigan queriendo generar palos en la rueda es muy posible, pero se les van acabando las posibilidades, porque no hay nada que discutir: la ley es constitucional y hay que cumplirla. También dentro del arco opositor pueden tener estrategias para intentar seguir defendiendo los intereses corporativos. Estas medidas en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, de promover leyes locales que quieren ir contra leyes nacionales es un verdadero absurdo y es inconstitucional: está claro que no hay ninguna ley local que pueda ir por encima de leyes nacionales. Son estrategias de sectores opositores al servicio de Clarín. La oposición cree que para cumplir el rol opositor hay que ponerse al servicio de Magnetto. Les organiza la agenda. Y creen que es una condición. Algunos lo hacen manteniendo su coherencia en relación con la defensa de los intereses concentrados en la Argentina. Y otros lo hacen traicionando su propia identidad en lo que hace a sus inicios de militancia política. Pero todos terminaron en una suerte de equipo de defensa de los intereses corporativos, diciendo cualquier barbaridad sin límites.

–¿Qué es lo más destacable del fallo?

–Lo importante es que todos los artículos son constitucionales. No hay ninguna modificación de la ley. Aunque puede sonar soberbio, es la sensación de que teníamos absoluta razón. Ratifica el espíritu del debate de la ley, que es que no hay posibilidad de garantizar la libertad de expresión si no interviene el Estado para regular el mercado de la comunicación, entendiendo a la comunicación como un derecho. Una ley como esta es absolutamente necesaria para garantizar la libertad de expresión.

–¿Y hay aspectos del fallo que no le gustaron?

–No. Hay aspectos que la Corte explica y que comparto, lo que no comparto es la interpretación que hacen algunos sectores de la oposición sobre lo que la Corte dice.

–¿En relación con la Afsca?

–Cuando la Corte dice que la Afsca tiene que actuar sin presiones o que tiene que actuar con equilibrio y garantizar igualdad de condiciones para todos, comparto plenamente y así actuamos. Estoy de acuerdo. La conclusión que (Mauricio) Macri saca de eso es que para ser funcionario de la Afsca hay que ser apolítico, eso me parece un disparate brutal. Un dirigente político que dice que para ser funcionario hay que ser apolítico... es no entender cómo funciona la democracia en el nivel más mínimo. La democracia es partidos políticos, los partidos políticos son una parte de la sociedad que expresa un núcleo de ideas, principios y valores, de donde interpela a la sociedad, trata de construir consensos, mayorías y con esas mayorías ganar elecciones. Cuando ganás, ponés a los funcionarios. Los funcionarios vienen de los partidos políticos que ganan las elecciones. Eso no es contradictorio con la función que tiene que cumplir un funcionario ni con las responsabilidades. La Presidenta, cuando me convocó dijo “aplicar la ley, sin privilegios ni excepciones para nadie”. Otra cosa es querer interpretar lo que dijo la Corte como que no puede haber un funcionario político. Yo no sólo soy un militante político sino que estoy orgulloso de serlo y pertenezco al proyecto nacional fundado por Néstor Kirchner y liderado por la presidenta de la Nación. Como obviamente tampoco hay duda de que Marcelo Stubrin (integrante del directorio de la Afsca por la UCR) pertenece al radicalismo. Lo mismo pasa con el señor del FAP (Alejandro Pereyra, propuesto para integrar el directorio), que si no puede estar acá es porque está impugnado.

–¿Por qué está impugnado?

–Por varias cosas. Falseó declaraciones juradas en relación a que ha tenido un rol académico en universidades que lo desmintieron y le han hecho una denuncia penal por eso. El y su mujer son socios de un estudio jurídico que litiga contra la Afsca. Es difícil imaginarse que un director de la Afsca esté acá sentado cuando su mujer y su estudio litigan contra la Afsca. Hay una denuncia del CELS porque este señor firmó una resolución que impedía a los medios pasar las imágenes de la represión del 2001 (Pereyra era director de Asuntos Legales del Comfer). Pero el FAP podría nombrar a otro o a otra.

–¿Y por qué no lo hacen?

–Porque tienen ganas de ponerse en víctimas. A Marcelo Stubrin, a quien respeto, nadie lo impugnó, porque seguramente no había razones para hacerlo y está acá como director. Cuando la oposición tuvo mayoría en el Congreso ni siquiera convocó a la Comisión Bicameral y no designaron los directores porque estaban en sintonía con la estrategia de Magnetto de desconocer a la Afsca. La Afsca es un organismo creado por la ley que acaba de ser declarada constitucional de punta a punta. Tiene un directorio plural, con dos representantes del Consejo Federal de la Comunicación, universidades y gobernadores, tres representantes del Parlamento, las tres principales fuerzas –una no está representada por lo que decía– y dos del Poder Ejecutivo designados por la Presidenta.