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Desde Rosario

Tres fiscales hicieron comparecer durante toda la jornada de ayer a las 47 personas que siguen detenidas por el saqueo al supermercado de Villa Gobernador Gálvez. Todos se ampararon en su derecho a no declarar y continúan detenidos. Trascendió que ahora el rumbo de la investigación apunta a dilucidar quiénes fueron los “autores ideológicos” del pillaje.

Los fiscales evaluarán los pedidos de excarcelación presentados por los imputados, según dispuso la Fiscalía de Cámaras, frente a la imputación que hizo el juez Gustavo Pérez de Urrechu sobre las 47 personas que quedaron arrestadas acusadas de “robo agravado en circunstancia de hurto calamitoso y por la participación de menores”, con una pena en expectativa de cuatro años. En algunos casos se suma el delito de “resistencia a la autoridad”, y la situación se complica para quienes tenían antecedentes previos al pillaje del miércoles pasado.

Si bien ayer trascendió que las mismas personas arrestadas son las que intervinieron en los saqueos de diciembre de 2012, el dato fue desmentido en la Justicia, ya que tras el desfile de ayer de los imputados, ese antecedente no surgió en ninguno de ellos. No obstante, esperan que la policía aporte al juzgado filmaciones de los saqueos del año pasado.

Las declaraciones se tomaron en varios juzgados, en cuatro tandas, frente a la cantidad de personas que fueron detenidas tras los ataques a supermercados chinos. En realidad, cada uno de los detenidos compareció pero se abstuvo de declarar, y continúan recluidos.

Según indicaron fuentes judiciales, luego de cada indagatoria se inició el trámite de excarcelación a los imputados, que serían evaluados por los fiscales Graciela Argüelles, Lucía Aráoz y Carlos Covani. Es que muchos de los arrestados cuentan con antecedentes por hechos anteriores y la imputación que hizo el juez Pérez de Urrechu tiene una pena estimada en cuatro años de prisión.

En el juzgado, los detenidos fueron acusados de “haber ingresado con un número de personas al supermercado Hua Ding, de Villa Gobernador Gálvez, apoderándose de mercadería y otros elementos en el marco de una situación de conmoción social”, según pudo saber este diario.

Los comerciantes chinos llevaron ayer su preocupación al ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, quien les reiteró la certeza del gobierno en considerar que los sucesos del miércoles fueron ataques vandálicos de origen delictivo, ajenos a una demanda social, y por lo tanto limitables al control de la policía y el apoyo de Gendarmería. El titular de Seguridad les confirmó que el Ejecutivo manejaba información sobre la probabilidad de que ocurrieran ataques como los sucedidos en la zona sur, pero que lo esperaban para mediados de diciembre. El representante del colectivo de supermercadistas chinos, Pablo Barello, coincidió en que “hoy la situación es distinta a la de 2012, porque esta vez parecen haber actuado personas con antecedentes penales, soldados de bunkers de drogas.