Los medios identificaron al comisionado de la Policía Metropolitana a cargo del operativo de desalojo de Villa Lugano como Fernando Cullado. Fernando se llama, pero su apellido es Culshaw y luego de pasar a retiro como comisario de la Policia Federal, fue reclutado por la Metropolitana. En la década de 1990 estuvo en la Subdelegación Puerto Iguazú y en la División Operaciones Federales, destinos asociados con la labor antiterrorista posterior al atentado contra la mutual judía de Buenos Aires, que estaba a cargo del comisario Fino Palacios, el primer jefe de la Metropolitana. Desde enero de 2008 hasta agosto de 2011, Culshaw fue jefe de la División Asuntos Contravencionales y Faltas de la Federal, que es la dependencia de relación más intensa con los distintos organismos de los tres poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tiene la mayor relación con la ciudadanía, porque se encarga de prevenir e investigar las actividades prohibidas por el Código Contravencional: venta ambulante u oferta de sexo en la calle, juego clandestino, expendio de alcohol sin habilitación, trapitos. En esos años no cayó una sola banda organizada de las que se dedican a extraer un beneficio económico de estas conductas, lo cual indica que estaban reguladas o protegidas por Asuntos Contravencionales. Así lo corrobora la lluvia de denuncias que se produjeron entonces sobre la connivencia policial con diversos contraventores y las fricciones entre la división que encabezaba Culshaw y otras de la Federal, como Delitos Contra la Salud, Trata de Personas, y Delitos Económicos, quejosas por lo que en la jerga se llama corte de boleto para hacer la vista gorda. Por eso, en agosto de 2011 pasó a la Guardia Nocturna de la Superintendencia de Interior. En 2012 la Junta Superior de Calificaciones de la propia Policía Federal consideró que no era apto para ascender y la ex ministra Nilda Garré lo pasó a retiro obligatorio en enero de 2013. Sin la menor experiencia en manifestaciones públicas, operativos complejos o situaciones de crisis, su designación para conducir el desalojo pudo concluir en un desastre, si no hubiera sido por la prudente actitud del Ministerio de Seguridad de la Nación, que no aceptó subordinarse a este improvisado, lo cual disuadió al juez de avanzar con su orden insensata, avalada por la intransigencia del gobierno local.