Tras el primer encuentro para debatir la reforma al Código Penal realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, donde participaron decanos de universidades públicas y privadas y abogados de todo el país, hoy la comisión multipartidaria que redactó el anteproyecto, encabezada por Raúl Zaffaroni, estará con una mesa debate en la Asociación Americana de Juristas (AAJ). En este marco, el ex diputado radical e integrante de la comisión Ricardo Gil Lavedra advirtió que el anteproyecto es “un documento base para iniciar el debate” y “no para clausurarlo” y llamó a “abrir una discusión pública en base a argumentos racionales”.

En los 90 días que empezaron a correr el lunes con la presentación oficial del anteproyecto, universidades, ONG y asociaciones de abogados y jueces formularán sus observaciones al texto, que serán escuchadas por la comisión redactora antes de que se elabore el proyecto de ley que debatirá el Congreso.

Este período de consulta a sectores académicos fue rechazado por el massismo, que exigió escuchar “a la gente” y realizó una campaña contra el proyecto aun desde antes de que su texto fuera publicado.

Gil Lavedra no mencionó a Sergio Massa, pero señaló que “la iniciativa de escuchar a universidades nacionales y asociaciones de abogados y jueces aportará elementos que permiten enriquecer el anteproyecto, porque es un documento base para iniciar el debate, no para clausurarlo”. El ex camarista agregó que “lo que no es admisible es la circunstancia de especular políticamente con el tema y montarse en el miedo de la gente para sacar un rédito político de manera demagógica”.

“Se ha dicho a la gente que el nuevo Código Penal permite que los delincuentes salgan en libertad, por ejemplo, y en un programa de televisión hasta se le ha pedido opinión sobre el anteproyecto a un sicario. Eso es inadmisible, es absurdo”, agregó.

También habló otra de las integrantes de la Comisión, María Elena Barbagelata, que remarcó que como dentro de la comisión “existieron divergencias”, también a lo largo de las audiencias que se realizarán durante 90 días “habrá discusión, coincidencias y divergencias”. “Hay que buscar un parámetro de racionalidad y este es el camino para pensar en serio y hacer las correcciones necesarias”, planteó Barbagelata.

Desde las universidades, dos decanos defendieron la iniciativa de reformar el código y el mecanismo de revisión implementado. La titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Verónica Torres de Breard, sostuvo que “la participación de la sociedad formando opinión sobre esta reforma es muy importante en la construcción de ciudadanía”.

La decana calificó como “muy importante” la propuesta de reformar el Código, ya que, sostuvo, “el derecho tiene que dar respuestas a las necesidades que se van planteando en la sociedad”.

Torres de Breard añadió que “al generar instancias de debate se encuentra a la universidad como un ámbito importante para la discusión y el análisis, aunque no es el único” y mencionó en este marco la participación de docentes de su universidad en foros abiertos.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Javier Aga, señaló que “hasta ahora hubo un debate mediático cruzado por cuestiones coyunturales”. “Por este motivo nosotros fuimos muy cautos en la opinión porque no teníamos el proyecto en la mano.” Aga sostuvo que “es importante discutir seriamente y con la racionalidad que necesita el Código Penal argentino” y advirtió, en este sentido, que en esto “hay que alejarse de las pasiones y las venganzas”.