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El juicio por los crímenes en La Perla lleva 153 audiencias desde su inicio, en diciembre de 2012, y uno de los funcionarios judiciales más señalados por su supuesta “complicidad con la dictadura” es nada menos que el actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, quien durante el terrorismo de Estado oficiaba de secretario en el Poder Judicial.

Rueda fue denunciado por los sobrevivientes Patricia Astelarra, quien señaló que junto al ex juez federal Gustavo Becerra Ferrer la “amenazaron y actuaban en connivencia con la patota” de Luciano Benjamín Menéndez, y su compañero Gustavo Contepomi, quien afirmó que Rueda le habría “armado una causa” que lo mantuvo nuevamente preso un año y medio más ya en democracia, luego de que lograra sobrevivir al campo de concentración de La Perla. ¿El motivo? Según Astelarra y Contepomi, un libro sobre lo padecido que escribieron junto a otra pareja de cautivos.

A esto se sumó luego la acusación de Teresita Piazza de Córdoba, una mujer que contó a los jueces que Rueda le habría dicho que su caso “no terminaba de resolverse por la mención que ella seguía haciendo sobre la presencia del general Menéndez en el Hospital Militar”, donde fue internada durante su secuestro.

Otra de las sobrevivientes que echó sombras sobre la actuación del actual magistrado durante la represión fue Mabel Lía Tejerina, quien contó cómo Luis Rueda le hizo firmar un documento preparado por los represores de La Perla, en el que constaba que “me habían tratado bien ahí”. Tejerina relató que fueron sus torturadores, al mando de José (“Chubi”) López, quienes la fueron a buscar a su casa en 1985, la amenazaron con no dejarla criar a sus tres hijos si no firmaba la declaración que ellos le traían, y la llevaron al mismísimo edificio de los Tribunales Federales para ello. “En una pieza oscura del subsuelo, que no era una oficina, me esperaba Luis Rueda, y también había uno de La Perla que no recuerdo quién era. Firmé.”

Ahora, en una de las últimas audiencias del megajuicio, la acusación contra el presidente de la Cámara Federal fue de Mirta Noemí Pache de Juárez, quien dio testimonio por el secuestro y de-saparición de su esposo, Pedro Antonio Juárez, secretario general del gremio de los lácteos en la planta de SanCor, y su hermano, Humberto Pache. Mirta afirmó que Rueda “la intimidó” para no embargarle sus bienes: “En 1991 llegaron a mi casa... El señor Luis Rueda se presentó con otros a cobrarme las costas de un juicio que ni siquiera se había iniciado (una demanda como víctimas por lo que habían padecido). Y nosotros, que no teníamos justicia, que no teníamos esperanza... ¡Se presentaron para embargarme! ¡Nada, porque nada teníamos! –se indignó–. ¡Y todo para decirme que no siguiera con los juicios! Yo lo vine a ver (después, a Tribunales). Y él me dijo que no me preocupara tanto por el embargo, y que me olvidara de los juicios”. La mujer presentó la documentación de ese embargo, amarillento por el tiempo transcurrido, ante el Tribunal. El fiscal Facundo Trotta pidió que se investigue.

Antes de retirarse, le dijo al juez Jaime Díaz Gavier: “Estoy convencida, señor presidente, de que para que se haya logrado semejante genocidio, semejante tragedia, tuvo que haber complicidad”.

Por su parte, los familiares de Norberto Victorino Puyol denunciaron también al ex juez federal No 2, Miguel Angel Puga, quien no habría hecho nada ante la presentación de un hábeas corpus presentado poco después del secuestro y desaparición de Puyol, el 3 de diciembre de 1976. Sus tres hijas y su hermano, un ex juez llamado Ramiro Puyol, detallaron paso a paso la búsqueda de datos de su familiar desaparecido. Ramiro concluyó que “la Justicia nos mintió. Ellos –refiriéndose al juez Puga– ya sabían cuando contestaron el hábeas corpus (el 21 de diciembre de 1976) que mi hermano estaba muerto, pero dijeron no saber nada”. Puyol fue baleado cuando fue a una cita. Corrió y lo acribillaron. Su cuerpo pasó por el Hospital Militar, donde le tomaron huellas, y por la morgue del Hospital San Roque. Desde allí habría sido arrojado a las fosas comunes del Cementerio de San Vicente, como tantas víctimas.

Otro de los funcionarios judiciales complicados es el ex juez Eudoro Vázquez Cuestas. Ante una pregunta del fiscal Facundo Trotta, el sobreviviente Daniel Dreyer, de Bell Ville, denunció haberlo visto y escuchado en la comisaría donde lo mantuvieron detenido y torturado a fines de 1975.