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La “apuesta oportunista” del Grupo Macri en el Correo Argentino llegó a su fin. La estrategia unilateral de no pagar el canon e incumplir inversiones terminó de mala manera. Franco Macri, uno de los empresarios emblemáticos de la década menemista, tendrá entre sus records no sólo ser uno de los mayores deudores del Estado, sino el de haber encabezado el primer grupo que perdió la concesión de un servicio público.
Argentina, con los africanos Burundi y Nigeria, comparte el raro privilegio de ser uno de los pocos países del mundo que concesionaron su correo oficial. La historia comenzó con la “desmonopolización” de la actividad postal en 1993. Tras sucesivas dilaciones, el llamado a licitación se realizó recién en marzo de 1997. Junto con la ex YPF, la del correo se cuenta entre las privatizaciones tardías, cuando ya todas las señales a la “comunidad de negocios” habían sido dadas. El consorcio ganador fue el integrado mayoritariamente por Sideco Argentina, del grupo Macri, con el Banco de Galicia y el Programa de Propiedad Participada como socios minoritarios. La elección, al igual que en los casos de las concesiones viales y aeropuertos, fue definida por el monto del canon ofrecido, que alcanzó a los 103 millones de pesos, por entonces dólares.
Desde el comienzo, la gran diferencia del correo con las restantes privatizadas fue la ausencia de ganancias contables. Aunque el precio de los envíos postales llegó a ubicarse entre los más caros del mundo, ya en el primer año las pérdidas resultaron equivalentes al 9 por ciento de la facturación total. Al mismo tiempo comenzó a registrarse una creciente disminución de participación en el mercado postal, que pasó del 48 por ciento en 1997 al 35 por ciento en 2001.
En el camino, la empresa despidió a miles de trabajadores y logró que la Secretaría de Comunicaciones asimilara las indemnizaciones a “inversiones”, con lo que el grupo Macri logró eludir cuantiosos compromisos. Si bien la empresa registró todos los años una facturación importante, tuvo siempre un comportamiento deficitario que motivó muchas acusaciones de “vaciamiento”. Pero el centro del conflicto con el Estado residió siempre en los incumplimientos contractuales. A partir de marzo de 2000, el Correo decidió unilateralmente dejar de aportar el canon que ya no pagaba desde agosto de 1999. A mediados de 2001, la deuda era de más de 200 millones de dólares, pero actualmente se acerca a los 1000 millones, aunque ahora se trata de pesos. Cerca de la mitad de esta cifra corresponde a deudas e intereses por el canon, mientras que la otra mitad es reclamada por la DGI.
Más allá de su pésimo desempeño económico emergente de los balances presentados, los argumentos del Grupo Macri han sido del mismo tono que los de otras privatizadas incumplidoras, es decir, la culpa es del Estado, que no habría cumplido en diversos campos. Sin embargo, diversos juristas han coincidido en que los reclamos fueron “una apuesta oportunista” a la espera de que posteriores renegociaciones derivaran en la eliminación de las obligaciones. Los datos conocidos ayer muestran que, a veces, las apuestas se pierden.