La cantidad de militares, policías y civiles procesados, condenados o cuanto menos investigados por su actuación en el terrorismo de Estado aumenta exponencialmente año a año. Desde 2006, cuando los policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón se convirtieron en los primeros represores condenados tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la cantidad de imputados ya superó los dos mil. Hasta el 30 de septiembre, cuando se difundió el último informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, el número de condenados ascendía a 622, en tanto 57 imputados resultaron absueltos.

Durante la larga noche que comenzó con la obediencia debida en 1987 y culminó con los primeros juicios de la nueva etapa en 2006 sólo fue posible juzgar a quienes se apropiaron de hijos de desaparecidos. Las primeras grietas a la impunidad fueron los Juicios por la Verdad desde mediados de los 90 y luego las causas por el Plan Sistemático de Robo de Bebés –que tuvo su sentencia en 2012– y por el Plan Cóndor, juicio en el que acaba de alegar el fiscal general Pablo Ouviña. El número de procesados comenzó a aumentar en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia saneada por el gobierno de Néstor Kirchner declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Los juicios significativos se hicieron esperar (los primeros años fueron de condenas aisladas como las de Von Wernich, Bussi o Menéndez, o peor aún en casos como el del prefecto Héctor Febres, que murió envenenado antes de la sentencia) pero finalmente llegaron.

En los últimos nueve años se realizaron 148 juicios. El último terminó con 22 condenas a marinos y prefectos en Bahía Blanca. Según el informe de la Procuraduría, hasta fines de septiembre había 2166 personas imputadas, de las cuales el 49 por ciento están detenidos, el 35 por ciento en libertad y un 13 por ciento murieron (280 imputados, 227 sin condena). Otros 59 (3 por ciento) están prófugos. Entre los detenidos, 587 están alojados en complejos penitenciarios y 441 gozan de arresto domiciliario. Además de los juicios orales en curso –incluidas megacausas como ESMA, Plan Cóndor o La Perla en Córdoba– hay 116 causas en condiciones de llegar a juicio y otras 233 en etapa de instrucción.