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Por E. T.

En sus cerca de cuatro horas de declaración judicial, Mario Pontaquarto confirmó las principales declaraciones que hizo públicas en un reportaje que brindó a la revista Textual. La audiencia tuvo sus momentos de fuerte carga emotiva. Fundamentalmente cuando los investigadores le preguntaron por su familia. El arrepentido se comprometió a entregar el lunes un papel que, afirmó, le había entregado el senador salteño Emilio Cantarero en el departamento que éste tenía en Callao y Posadas, luego de dejarle 4.300.000 pesos en fajos de a 100 mil pesos. En sus dichos, Pontaquarto también comprometió a otro empleado del Senado, Martín Fraga Mancini, cuya declaración será reclamada el próximo lunes por la Oficina Anticorrupción.
“Hablé en varias oportunidades con el otro imputado en esta causa, no legislador, quien es Martín Fraga Mancini, quien muchas veces me manifestó el hecho de querer blanquear esta situación, pero hace mucho tiempo que no lo veo. El trabaja en el Senado”, afirmó Pontaquarto en su declaración. Fraga Mancini actualmente reporta para la Dirección de Prensa de la Cámara alta y supo ser asesor del rionegrino Remo Costanzo, también involucrado en el caso. A Fraga Mancini incluso se lo mencionaba en el famoso anónimo. Se decía que trabajaba para Costanzo, que vivía en un barrio cerrado y que le había comentado a su mujer los vaivenes de su trabajo. Concretamente se decía que “tales fueron los nervios de Martín que Costanzo lo subió a un avión y lo envió de vacaciones junto a la mujer al Caribe”. Para el ex secretario parlamentario del Senado, el anónimo lo único que tenía de veraz era la reunión en la Casa Rosada con la presencia del presidente Fernando de la Rúa.
Actualmente Pontaquarto cuenta con una falta de mérito dentro de la causa. Norberto Oyarbide, juez que le tomó declaración, subrogaba por un día al magistrado Rodolfo Canicoba Corral, quien se reintegrará el lunes para ponerse al frente del expediente. “La situación de Pontaquarto, a la luz de esta ampliación, debe ser valorada por Canicoba Corral”, aseguró ayer el juez subrogante.
Al repasar el papel que le entregó Cantarero, Pontaquarto sostuvo que allí figuraban los nombres de “Choclo, en alusión a Alasino. Beto quien era Tell, Remo quien era Costanzo, Julio, quien creo que es San Millán, Gioja –decía el apellido–, Raijer, senadora por Córdoba y otros que no recuerdo. Los montos oscilaban entre trescientos mil pesos a cincuenta mil”. Ese papel, según los dichos de Pontaquarto tenía una rúbrica, un gancho. “Mi impresión era que podía ser de Cantarero pero no lo vi firmar el mismo adelante mío. Además recuerdo que él me dijo que estaban por venir los muchachos.” Llamativamente, Pontaquarto desligó de toda responsabilidad a los radicales –salvo Genoud y De la Rúa– y en especial a Enrique “Coti” Nosiglia, de quien dijo “no tengo ninguna constancia de que haya participado de alguna negociación”.
Como detalle típico, Pontaquarto dijo que retiró el dinero el 18 ya que la ley se pensaba debatir el 19. No fue así por la represión que hubo en las puertas del Congreso. El tratamiento se postergó una semana y, durante ese tiempo, el dinero embalado quedó en la casa del propio Pontaquarto. Cinco millones de pesos tapados con frazadas en un altillo. En la declaración señaló que “Genoud me comunica que había hablado con Santibañes, quien le había manifestado que yo tenga ese dinero en un lugar seguro y que me quedara tranquilo por que a la semana siguiente la ley iba a ser sancionada”.
Entre otras cosas, amén de la complicidad política, del escándalo que una profunda investigación debe producir, las afirmaciones de Pontaquarto ponen al descubierto muchos manejos irregulares. Entre ellos el uso indiscriminado y sin comprobantes creíbles, de los fondos de la Side. En este punto, el flamante director de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morin, impulsa un proyecto de reforma de la ley de Inteligencia. Entre otros puntos reclama la presencia de documentación fehaciente, auditorías a cargo de la comisión bicameral, informes públicos y la desclasificación de información para causas judiciales. Todo esto junto con una batería de medidas a corto plazo. Entre ellas, convocatorias a indagatorias y pedidos de informes al Senado y a la Side. Medidas sobre las que Canicoba Corral tendrá que expedirse a partir del lunes.