Las respuestas presidenciales no fueron satisfactorias ante los distintos puntos del documento que le entregó la delegación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, el CELS e HIJOS. La incomodidad de Macrì era ostensible: se trataba de pasar el mal trago a cambio de una foto y un tweet con una generalidad sobre “un encuentro muy positivo” en el que “buscamos coincidencias y seguir trabajando por los derechos humanos”. Pero cuando el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, cuestionó el protocolo que criminaliza la protesta social, Macrì se levantó y dejó la sala, a la que solo regresó cuando se hablaba de otro tema. Las visitas de los presidentes de Francia y Estados Unidos, condicionaron a Macrì, cuya capacidad de rectificación cada vez que está por chocar contra una pared es uno de los rasgos más reiterados de su mandato.

Los organismos le plantearon que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia en las áreas de derechos humanos de diferentes ministerios, tampoco pueden asegurarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia. Su continuidad implica no sólo la permanencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino el apoyo del Poder Ejecutivo, mediante la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos; el acompañamiento a víctimas y testigos, a través del Centro Ulloa y del Programa de Protección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos, con la revisión sistemática de archivos y legajos, tarea que han venido realizando las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad, de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central y el programa de Verdad y Justicia del ministerio de Justicia. Un informe de la Red de Abogados en causas de lesa humanidad consigna que en todos esos lugares ha habido sistemáticos despidos. Para los organismos de Derechos Humanos es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”, que investigará sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el golpe de 1976. También pidieron el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos y el respeto a los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la CIDH en el caso “Pegoraro” para la búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. El documento reclama la continuidad de la labor del Grupo de Asistencia Judicial del Ministerio de Seguridad, para realizar procedimientos de obtención de ADN. Según la Red de Abogados esa es una de las dependencias desmanteladas por el gobierno, que comenzó por prescindir del equipo que identificó el cadáver de Luciano Arruga, a seis años de su desaparición. Para la búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos es primordial el financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana sobre el tema, de la Secretaría de Derechos Humanos, así como la preservación de los lugares donde funcionaron centros clandestinos requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria.  Como aún hay decenas de prófugos buscados por la Justicia, los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos. Los organismos también exigieron que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y no se incorporen a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.

El documento expresó preocupación por el retroceso en el derecho al trabajo digno, merced a los despidos masivos en el Estado y el sector privado, y reivindicó el derecho a la protesta social, afectado por el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que lesiona los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Sobre todo, los organismos destacaron que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringe el uso de las llamadas “armas no letales”, como las balas de goma pero sí circunscribe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Además de reclamar la derogación de este protocolo represivo, los organismos señalaron como un caso gravísimo de criminalización de la protesta social y una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas la detención ilegal de Milagro Sala, a quien llaman una presa política cuya libertad exigieron, ya que cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Además exigieron que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros de que las prácticas policiales violatorias de derechos humanos, como los disparos de plomo a Lucas Cabello y de goma a los chicos de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, no serán toleradas. En ambos casos, los funcionarios del gobierno justificaron el accionar violento de las fuerzas de seguridad, que debe ser investigado y sancionado. El documento dedica un párrafo categórico a los decretos que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, redujeron la regulación estatal a favor de la concentración y debilitaron la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, medidas contrarias al pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación. La única respuesta oficial la brindó el ministro de Justicia, cuando le plantearon el respeto al mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ha impulsado los procesos por el terrorismo de Estado. Garavano se limitó a decir que el compromiso del Ministerio Público Fiscal no depende de quien lo conduzca.