En los acuerdos alcanzados con la liga de banqueros y lobbistas que dicen representar bonistas italianos y con los abogados que impulsan la acción de clase denominada “Brecher” Argentina pagará los gastos necesarios para “individualizar” quiénes son los acreedores demandantes. No se sabe los nombres de los titulares de los bonos en default ni los montos que poseen cada uno. Igual está en curso las demandas contra Argentina. Pese a la debilidad de estos casos, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, suscribió un acuerdo que se les reconoce el derecho a cobrar, y además se comprometió a colaborar monetariamente para identificarlos.

El equipo económico de Alfonso Prat-Gay no informó cuál es la justificación de reconocer “gastos administrativos necesarios para individualizar a aquéllos acreedores que se encuentran comprendidos en la clase” Brecher. Queda en evidencia que esa demanda de clase fue presentada para especular con representar más bonistas (que ni siquiera están identificados), para aumentar los honorarios de los abogados que inician este tipo de acciones y para aumentar su poder de extorsión. Argentina ahora se hace cargo de los gastos para identificarlos. Es cómo si el país destinara recursos para facilitar la especulación con bonos en default. En el acuerdo suscripto no se precisan cómo se calculan esos gastos.

Un aporte similar comprometió Prat-Gay con los bonistas italianos, que se estiman en 50 mil agrupados en la Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini (TFA), pero que no se sabe quienes son y si son tantos. Pero reclaman 2500 millones de dólares, iniciando la demanda en el tribunal de Thomas Griesa y luego en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). Argentina pagará la cuenta para identificar a esos bonistas que ni tienen una sentencia a favor.