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“El Senado perdió la oportunidad de debatir en profundidad cómo debe funcionar el sistema de inteligencia y cuál debe ser el perfil de sus directores”, evaluó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. La audiencia en la Comisión de Acuerdos dejó en claro la “falta de voluntad de transparentar y democratizar la AFI” por parte de los candidatos y la “restauración de la lógica del secreto”, destacó la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que además del CELS integran la Asociación por los Derechos Civiles, el Núcleo de Gobierno y Seguridad de la UMET, la Fundación Vía Libre, Poder Ciudadano, la Asociación Pensamiento Penal y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Litvachky, en diálogo con Página/12, remarcó la confianza infundada en la capacidad de control de una Comisión Bicameral paralizada, el notorio desconocimiento de los senadores sobre los antecedentes de los candidatos y la nula voluntad en evaluar su idoneidad.

–¿Qué respondió el Senado al pedido de audiencias públicas para evaluar los antecedentes de los candidatos?

–Dijeron que habíamos presentado impugnaciones y observaciones fuera de plazo en base a una interpretación equivocada del reglamento. Más allá de lo reglamentario, lo central es que se aportó información relevante para que evalúen la idoneidad de los candidatos. La formación de opinión de los senadores no debe depender de lo que presentamos desde la sociedad civil: no somos el Estado, lleva tiempo buscar y chequear información. Si evalúan que la información es relevante pueden pedir más, formar opinión o demorar la discusión, y no hicieron nada de eso. Por otro lado pedimos audiencias públicas, un trámite parecido al de los jueces, aunque no esté previsto para estos cargos. La discusión es política y gira en torno a la idoneidad de los candidatos y la relevancia de los cargos. ¿Se pueden fundamentar estas designaciones sólo en la confianza del presidente? Varios senadores lo plantean así y sugieren que el Senado no puede hacer una evaluación profunda. No estamos de acuerdo: si la ley exige acuerdo del Senado, el control tiene que ser fuerte.

–¿La conclusión es que el Senado no va a analizar las impugnaciones?

–La mayoría de la Comisión les dio el acuerdo y sólo tres senadores pidieron más información y difirieron su voto. Ahora hay que esperar que el pleno del Senado fije audiencia de labor parlamentaria pero el mensaje de comisión es claro. Esperamos que en el pleno se dé una discusión sustantiva sobre las observaciones que hicimos porque son muy contundentes.

–Arribas justificó el secreto de la estructura de la AFI y de los fondos reservados y pidió tener “fe” en que no harán inteligencia ilegal. ¿Qué implica ese nivel de secreto y falta de controles?

–Cambiar la disciplina del secreto fue una de las claves cuando se discutió la reforma de la ley. Cambiar ese régimen era central para empezar a transparentar el funcionamiento de la AFI. No resuelve todos los problemas pero mejora el control. En la Comisión hubo una definición clara sobre la Bicameral como clave en el control y, si bien coincidimos, el problema es que no mostró nunca una actividad relevante, que implicara alguna denuncia o fiscalización de fondos reservados. Hubo escándalos como en AMIA o las coimas en el Senado en los cuales la cuestión del uso ilegal de fondos fue determinante y no se conoce que la bicameral tuviera alguna actividad destacable. Ni siquiera en la crisis de 2014/2015 tuvo un papel importante para reparar el sistema cuando había consenso sobre su funcionamiento ineficaz y en muchos casos ilegal. El Senado debería comprometerse a cambiar su funcionamiento y entender que la Bicameral no es el único control posible y válido: todas las cuestiones vinculadas al control judicial son importantes y para eso se necesita el registro de los fondos reservados.