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El Gobierno apeló ayer ante la Justicia estadounidense dos órdenes de embargo dictadas por juzgados de Maryland y de Columbia por el impago de la deuda. En el primer caso se trata de una inhibición sobre dos plantas militares. En Columbia se embargó “cierta propiedad diplomática”, según el comunicado distribuido anoche por Economía. Según el Gobierno, el embargo sobre la propiedad diplomática “viola tanto el derecho internacional como la Ley de Inmunidades de Estados Extranjeros de los Estados Unidos, que específicamente protege esa clase de propiedad”. Incluso, “se contempla solicitar que se apliquen sanciones a NML por sus acciones manifiestamente ilícitas”. NML Capital es un “fondo buitre” y reclama 172 millones de dólares. El Gobierno lo acusó, además, de negarse “a suministrar cualquier información relativa a la identidad de sus titulares y controlantes”. En el escrito también se enfatiza que “los litigios no son, a largo plazo, útiles para el interés de la república y de sus acreedores”. El Gobierno solicitó que ambos embargos sean evaluados por tribunales federales de EE.UU.