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Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, sostienen que “los tres poderes del Estado le otorgaron sostén político y/o encubrimiento a la actuación irregular e ilegal del juez Galeano”. ¿Cómo llegaron los videos a manos de allegados de Ribelli? Unos se acusan a otros, pero todo indica que fueron hombres de la SIDE los que hicieron esa movida.
- Los de la Sala Patria acusan a los del Sector 85, el que encabezaba Stiusso, que habrían quedado heridos a raíz de que los marginaron de la causa AMIA, porque no creían en la pista policial. Además, sostienen que a este sector era allegado Mario Naldi, otrora polémico comisario de la Maldita Policía, que pretendía defender a los hombres de su fuerza.
- Los de Sector 85 sostienen que fue algún integrante de Sala Patria, la que lideraban Broussón y Pfinnen, porque hubo un momento en que empeoraron las relaciones de algunos de ellos con Galeano y quisieron perjudicarlo.
Lo cierto es que los videos de la negociación ilegal salieron a la luz y dos jueces tuvieron que instruir causas relacionadas con ellos. El juez Norberto Oyarbide fue el encargado de investigar el robo del video y si hubo o no una extorsión de Ribelli a Galeano. En el marco de su causa, se realizaron escuchas telefónicas, entre ellas a un secretario de Galeano, José “Pepo” Pereira, quien le cuenta a un tal Adrián que “es que el pibe (por Telleldín) no hablaba si no se le pagaba. Y entonces, y bueno, le tengo que pagar la guita. Le pagás y punto. El iba a escribir un libro, pero no, no escribas nada, lo que te iban a pagar te lo paga el Estado o un agente”.
Los jueces dicen tácitamente que Oyarbide, pese a tener semejante escucha telefónica, no hizo nada ante semejante ilegalidad del pago y por ello remiten copia de las actuaciones para que se le inicie una causa penal y una acusación en el Consejo de la Magistratura. El juez Gabriel Cavallo, actualmente camarista, tuvo a su cargo directamente la instrucción de una causa en la que debía determinarse si había o no delito. Cavallo intentó excusarse por amistad con Galeano, pero la Cámara no hizo lugar a la excusación y Cavallo sobreseyó a Galeano. El tribunal también resolvió remitir copia a la Cámara para que sortee un juez que determine si hubo delito en la actuación de Cavallo y también copia al Consejo de la Magistratura.
Por último, los jueces del Tribunal Oral también acusaron a los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados, entre ellos José Antonio Romero Feris, Carlos “Chacho” Alvarez, César Arias, Melchor Cruchaga, Carlos Soria y Federico Storani, porque en una reunión secreta vieron el video y no salieron a denunciar penalmente a Galeano.
El papel del Ejecutivo –el tercer poder que menciona el comunicado de los jueces– fue el principal: de allí provino, según los jueces, la iniciativa para el armado de la pista falsa y el dinero para el pago del acuerdo ilegal con Telleldín.