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A pocos días de haber adoptado la decisión de presentarse como querellante en la causa que investiga las responsabilidades financieras de Raúl Moneta, en el Banco Central se extravió buena parte del expediente que reúne todos los antecedentes del Banco República. La iniciativa de romper con largos años de prescindencia fue adoptada luego de un áspero debate en el seno del directorio. Poco antes del cierre del buque insignia del Grupo República, el BCRA le había otorgado importantes redescuentos para sacarlo de una situación de iliquidez transitoria.
La discusión que precedió a la presentación de la gerencia de Asuntos Jurídicos del BCRA en la causa que instruye con paso cansino el juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue agria. Los más remisos a la presentación eran el propio presidente del BCRA, Martín Pérez Redrado, el otrora ultramenemista Ricardo Branda y Eduardo Levy, ex contador de Alberto Pierri. Hacía mucho tiempo que el subgerente de jurídicos Marcos Moiseeff insistía en la necesidad de que el banco, como damnificado, diera ese paso. En el faraónico edificio de la calle Reconquista aún se recuerda la bronca que enfrentó en un pasillo a Branda y al subgerente. Los testigos relataron que Branda, abiertamente refractario a la presentación, luego de invitarlo a dirimir las diferencias a trompadas, le gritó a Moiseeff: “el cementerio está lleno de bienintencionados”, a lo que el abogado jefe respondió “también está lleno de compadritos”.
La ofensiva contra el subgerente continuó en la revista Edición i que, con Edgar Mainhard como frontis, sirve de plataforma de lanzamiento a las operaciones que Moneta urde contra quienes considera sus enemigos. Y a las acusaciones de corrupción difundidas por el libelo se agregó una campaña de afiches y volantes, con epicentro en la zona bancaria e inmediaciones del BCRA. El texto sostenía que Moiseeff tenía una cuenta con cinco millones de dólares en el exterior. El letrado entonces presentó una denuncia en la justicia que fue archivada por el fiscal Rodolfo Cearras.
Un suceso inesperado iba a despatarrar la estrategia del ex banquero del menemismo. La subgerencia de Jurídicos había pedido que el Banco Central de Bahamas informara quiénes eran los verdaderos propietarios del Federal Bank, la offshore que junto al Citibank y el Banco República configuró el triángulo por el que circularon, de ida y de vuelta, unos diez mil millones de dólares. Para sorpresa de la subgerencia, el Banco Central de Bahamas contestó por escrito: los propietarios eran Moneta, su tío Benito Jaime Lucini y su primo Pablo Lucini. El dato que la justicia no había podido obtener fue entregado por Moiseeff al fiscal Paul Stark y a Canicoba Corral, que se mostraron dubitativos respecto de la posibilidad de incorporarlo a la causa dado que “no tenía un origen judicial”. Para Moneta el asunto representaba un verdadero dolor de cabeza. Jamás había declarado la existencia del Federal Bank ante la AFIP.
Hace dos semanas, la Superintendencia de Entidades Financieras solicitó a la subgerencia de Asuntos Jurídicos el expediente que contiene la controvertida historia del Banco República. Al recibir los nueve voluminosos cuerpos que conforman el expediente, la empleada de superintendencia advirtió que a cuatro de ellos les faltaba la foliatura. De inmediato reenvió los cuatro cuerpos para que procedieran a subsanar la omisión. Los cinco cuerpos restantes, dijo, quedaron sobre su escritorio. Pero las manos son más rápidas que la vista y cuál no sería la sorpresa general al advertir al día siguiente que los cinco mamotretos habían desaparecido. En el informe de auditoría que se realizó a raíz de la misteriosa pérdida de esos documentos consta la declaración de un empleado de limpieza –el servicio está tercerizado– quien dijo haberlos tirado puesto que los había encontrado en un canasto de basura. La empleada en cuestión quedó a disposición de la gerencia de Personal, aunque su jefe no ha podido explicar aún cómo se hace para que entren cuatro cuerpos de expediente en un pequeño canasto de alambre.