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Es la única jueza porteña con competencia electoral y todas las fuerzas políticas le rinden pleitesía. La causa de los narcodólares en la que le perdonó la vida a Amira Yoma ya parece una historia perdida. María Romilda Servini de Cubría, nombrada por Carlos Menem en 1990, hoy no tiene ninguna denuncia en el Consejo de la Magistratura. En los últimos años hizo especiales buenas migas con Elisa Carrió (ARI) a partir del expediente sobre fuga de capitales, lavado y subversión económica en el que investigó al Banco General de Negocios. También se ganó el respaldo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, por su trabajo sobre apropiación de menores en la dictadura. Se anotó algún que otro poroto en el expediente sobre la masacre del 20 de diciembre de 2001. Ahora la roza una escandalosa causa judicial por narcotráfico a su cargo: desaparecieron 300 mil dólares de la caja fuerte secuestrada en el departamento de dos serbios acusados de lavar dinero. La denuncia la hizo el abogado de los imputados, José Manuel Ubeira, y el juez Julián Ercolini ya llamó a indagatoria al equipo de Drogas Peligrosas de la Policía Federal que intervino. Ubeira también reclama que la jueza explique por qué demoró en pedir a la policía que abriera la caja desde abril hasta septiembre del año pasado. Servini no es la única exenta de pedidos de remoción. Jorge Ballestero, otro juez de los ’90, tampoco tiene denuncias actualmente. Ahora conduce investigaciones trascendentes, como la de los sobresueldos instalados por el menemismo. Una presentación contra el camarista federal Gabriel Cavallo, por supuesta inacción cuando tuvo transitoriamente la investigación de los sobornos del Senado, está a punto de ser archivada.