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La Oficina Anticorrupción (OA) lleva un registro pormenorizado de 23 causas “con trámite demorado” por los jueces federales. La mayoría son grandes casos de fraudes en la administración pública. La mitad están radicadas en los juzgados de los magistrados más antiguos del fuero y las demás fueron asumidas a fines de 2004 por los nuevos jueces designados en cargos vacantes. A Norberto Oyarbide, la OA –que dirige Abel Fleitas– no se cansa de pedirle medidas para que avance en el análisis del supuesto enriquecimiento ilícito de Armando Gostanian, Ramón Hernández, Hugo Anzorreguy y Eduardo Menem, entre otros. Oyarbide, después de tres pedidos de la oficina, citó a indagatoria a Gostanian en febrero último, pero nunca se concretó la audiencia. Otros tantos reclamos de la OA estuvieron dirigidos a Claudio Bonadío. Le cuestionaron que haya sobreseído sorpresivamente la causa sobre los créditos millonarios concedidos por el Banco Nación al grupo Yoma. En otro expediente le criticaron que haya exculpado al ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y protestaron por la falta de acción en la causa sobre las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA. En los tres casos, si hubo llamados a indagatoria fue por planteos de la OA. A María Romilda Servini de Cubría el organismo le exigió indagatorias por la cesión irregular de bandas del espectro radioeléctrico. También pidió que Jorge Urso resuelva la situación procesal de los involucrados en un contrato sospechoso entre el PAMI y tres empresas de traslado aéreo. En la “lista roja” de Anticorrupción figura una causa, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, en la que María Julia Alsogaray es investigada por asociación ilícita. Si avanzara, la ex secretaria podría volver a la cárcel.