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La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en ese país ya que la mayoría de las desapariciones de uruguayos se produjo en Argentina, en algunos casos con la participación de militares y grupos de tareas que llegaron desde Uruguay. La Comisión para la Paz, que actuó de 2000 a 2003, concluyó que 26 de ellos fueron asesinados, incinerados y arrojados al mar por agentes de la dictadura, pero no logró aclarar los otros 12 casos. El presidente Tabaré Vázquez aseguró que el informe que le entregaron ayer “ha detectado y determinado dónde están los cuerpos de dos ciudadanos uruguayos desaparecidos (en dependencias de la Fuerza Aérea) y hay una localización prácticamente precisa de dónde estarían esos cuerpos”.
El informe de Angel Bertolotti, Enrique Bonelli y Tabaré Daners incluyó tres partes: una referida a las desapariciones previas al golpe de estado de 1973, la segunda sobre la represión de 1973 a 1985, y la última destinada específicamente al lugar donde estarían los restos de la argentina García.
Los dos ciudadanos uruguayos, uno de ellos José Alpino Vega, desaparecido en 1974, torturado en la dependencia de Boisso Lanza, y otro de nombre Chávez Sosa, desaparecido en 1976, también fue trasladado a ese lugar y muerto en una sesión de tortura según especifica el informe que fue entregado al presidente uruguayo.
Durante el fin de semana se realizaron trabajos de desmalezamiento en el Batallón 14 de Toledo, preparando el predio donde van a trabajar los técnicos a partir de hoy. Sin embargo, en el Batallón 13 siguen las indagatorias. El juez Juan Carlos Fernández Lecchini, quien lleva adelante el expediente de la maestra Elena Quinteros, dijo que maneja los nombres de tres o cuatro personas que tendrían datos precisos acerca de los lugares donde se podrían buscar tumbas clandestinas en el predio del Batallón 13.
En un informe escrito presentado por el antropólogo forense Horacio Solla, el técnico explicó que si no hay testigos que indiquen los lugares aproximados se tardaría muchos años en encontrar los restos. Sin embargo, aportó nombres de algunas personas clave a la hora de proporcionar información. De todos modos, en las últimas semanas varios militares de los más comprometidos en las denuncias por violaciones a los derechos humanos habían ofrecido dar esta información a cambio de que no avancen los procesos judiciales. Los cuerpos que podrían aparecer en el Batallón 13 pertenecerían a los desaparecidos en la denominada “Operación Zanahoria”, del año 1984, un año antes de la retirada de la dictadura militar con la llegada a la presidencia de Julio María Sanguinetti.
Estas apreciaciones sobre los presuntos entierros de prisioneros asesinados en los regimientos 13 y 14 ya habían sido confirmadas por el análisis de fotografías aéreas de las zonas por parte de antropólogos forenses, mediante las cuales pudieron detectar zonas con evidencias de tierra removida.
Mientras tanto, el general retirado Víctor Licandro, uno de los fundadores del Frente Amplio junto al ya fallecido general Líber Seregni, dijo que “es muy difícil decir punto final, porque muchas veces se dijo eso y uno se da cuenta de que se cerró en falso”. Por su parte, el ex vicepresidente Luis Hierro López afirmó que “se trata de una etapa más de las muchas que ha habido para avanzar en esta materia”.