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La polémica por la denuncia contra el primer candidato a legislador del ARI, Enrique Olivera, enfrentó ayer de nuevo al Gobierno y la oposición. El secretario de Deportes del gobierno porteño, Daniel Bravo, quien presentó la denuncia ante la Oficina Anticorrupción, negó que haya sido una maniobra de campaña y dijo que nunca pensó que la presentación ante ese organismo “tomaría estado público”. Bravo, además, tomó distancia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con quien lo habían vinculado los dirigentes del ARI. “Somos de partidos diferentes”, se defendió. En su solicitud ante la Oficina Anticorrupción, Bravo –radical, hijo del reconocido maestro socialista Alfredo Bravo– pidió que se investigara si Olivera tenía “cuentas no declaradas” en el exterior. El propio Olivera, en tanto, insistió con que la denuncia es “absolutamente falsa” y lo consideró parte del “cierre de campaña sucio que está haciendo el oficialismo”.