El traje de diplomáticos no se los permite decir a viva voz a los representantes argentinos, pero todo indica que la comisión binacional, que se reunió ayer y debería llegar a un acuerdo sobre la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay, es un fracaso. “Yo mismo no confío mucho en que podamos avanzar”, señaló Raúl Estrada Oyuela, representante para Asuntos Ambientales de la Cancillería, antes de ocupar su silla en el encuentro entre las partes uruguaya y argentina. Al término de la reunión, sólo se dio a conocer un escueto y protocolar comunicado abundante en tecnicismos. El silencio fue la más clara confirmación de las expectativas iniciales, sumado a la evaluación hecha por uno de los negociadores ante Página/12: “Del uno al diez, la reunión tuvo un menos cuatro”. La próxima instancia sería una demanda en la Corte de La Haya.

Uno de los principales cuestionamientos argentinos al funcionamiento de la comisión, que debería arribar a un acuerdo para el 30 de enero, es la falta de información provista por Uruguay. Datos con respecto a la contaminación del aire y del agua que podrían derivarse del proceso de producción son solicitados por la Argentina desde hace meses sin respuestas favorables.

“No puede ser que a esta altura de la construcción no tengan esa información”, destacan con suspicacia en este lado del río. El argumento desde la otra orilla es que los datos les son negados por las empresas.

Otra de las críticas es la negativa de los representantes orientales a hablar de resarcimientos ante los perjuicios económicos que provocarían las papeleras. Según los técnicos argentinos, la emisión de dioxinas perjudicará las producciones ganadera y apícola del lado de Entre Ríos, los valores de las propiedades disminuirán un 30 por ciento y el olor a huevo podrido salido de las chimeneas generará una considerable reducción del turismo. A eso agregan el riesgo de una “epidemia de cáncer” causada por esas emisiones tóxicas.

Los argumentos presentados el martes por la Cancillería ante la Corporación Financiera Internacional, el organismo del Banco Mundial que financiaría parte de las obras, son también esgrimidos en la comisión. Una de las objeciones es, dicen, “supercontundente”. Mientras que las empresas aseguran que utilizarán para la producción estándares tecnológicos y técnicos recomendados por la Unión Europea para preservar el medio ambiente, la Argentina contesta que la UE no prescribe ninguna técnica específica para elaborar celulosa. Así, las empresas prometerían cumplir con lo inexistente.

“El próximo paso será el enfrentamiento”, se lamentó uno de los negociadores argentinos. Aunque habrá que aguardar al resultado final de la comisión, no se descarta una próxima demanda argentina ante la Corte de La Haya como respuesta al naufragio de la opción consensuada.

La búsqueda de una solución negociada se vislumbra como una quimera. Estrada Oyuela anticipaba el encuentro de ayer carente de esperanzas: “En los meses que llevamos en este ejercicio bilateral Uruguay no ha demostrado ninguna sensibilidad para entender los reclamos que la Argentina está haciendo”, se quejaba.