“Nos dijo lo que tenía que decir. Pero nosotras no vamos a parar. Es necesario que sean juzgados todos los responsables”, evaluó la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al salir de una reunión con Eugenio Zaffaroni. Las Madres acudieron al ministro de la Corte Suprema para solicitarle que el máximo tribunal se expida contra los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem. El magistrado se limitó a explicarles que primero deberá pronunciarse la Cámara Nacional de Casación, donde actualmente esperan la mayoría de las causas abiertas por la medida que en 1989 y en 1990 exculpó a más de doscientos militares.

La reunión duró casi una hora. Hebe llegó acompañada por otras dieciséis Madres y el abogado de la Asociación, Sergio Schoklender. Llevaban el reclamo que, desde hace años, los organismos de derechos humanos vienen sosteniendo para que se anulen los indultos que dejaron libres a cientos de represores, incluyendo a los altos comandantes que encabezaron el régimen de la dictadura. Según informó Bonafini, Zaffaroni las recibió y les ratificó que las causas quedaron a cargo de Casación, luego de que el año pasado la Corte rechazó dos recursos extraordinarios presentados para saltear esa instancia.

Al ser consultada por su opinión del encuentro, la dirigente inmediatamente señaló las virtudes del magistrado. “¿Quién puede dudar sobre el pensamiento de Zaffaroni? Es un hombre honesto”, dijo. Luego apuntó contra las pocas señales dadas por el tribunal que tiene en sus manos los expedientes. “Ya hemos esperado demasiado tiempo. Lo peor es que Casación no tiene plazos. Y hasta que no resuelva el caso, no puede intervenir la Corte. Igual nosotras no vamos a parar y vamos a pedir entrevistas con los jueces para agilizar los tiempos.” Schoklender, por su parte, fue mucho más duro. “Es un tribunal donde está enquistado lo peor de la tradición judicial argentina”, expresó tras anunciar que impulsarán el pedido de juicio político a los magistrados “que llevan seis meses sin resolver” los planteos.

Frente a la posibilidad de que los expedientes sigan demorándose, las Madres plantearon que la cuestión se defina en el Congreso, donde aguardan varios proyectos para declarar inconstitucionales los indultos. “Es necesario que sean juzgados todos los responsables. Los que no lo aprueban son cómplices”, destacó Bonafini en un claro mensaje al oficialismo. Hasta ahora, la vía política era la que sonaba con más fuerza. Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner le bajó el pulgar a esta opción la semana pasada, al hacer hincapié en que deben ser los jueces los que tomen a su cargo la derogación. Fue durante el acto en el Colegio Militar por los treinta años del golpe. Allí, el mandatario pidió “que la Justicia proceda a fondo” en el tema, con lo que la posibilidad de que desde el Ejecutivo se aliente la sanción de una ley que los invalide parece haber quedado lejos y todas las miradas ahora se orientan hacia los tribunales.

En realidad, ya son varios los antecedentes donde la Justicia resolvió la anulación. El más reciente fue el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que el año pasado resolvió la suspensión de los indultos en el caso de los ex vicealmirantes, Antonio Vañek y Julio Torti. El argumento fue similar al aplicado por la Corte para declarar inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Se planteó que la medida viola los tratados internacionales y que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, con lo cual el Estado tiene la obligación de investigarlos y castigarlos. En este sentido, el camino está allanado para escuchar una resolución de Casación pronto. El problema parece ser el perfil del tribunal, caracterizado por una baja predisposición a colaborar con las investigaciones sobre derechos humanos.

Informe: Carolina Keve.