Después de varias horas de escuchar el repudio de parte de un sector de la comunidad boliviana, desde el Centro Comunitario La Alameda se defendieron. En diálogo con Página/12, uno de sus dirigentes sostuvo que “a muchos de los costureros que marcharon los amenazaron con que si no iban se podían quedar sin trabajo” y diferenció entre “los talleres familiares” y “los que cometen los delitos que nosotros denunciamos”.

Néstor Escudero es uno de las personas que junto a Gustavo Vera, principal objetivo del repudio de ayer, mantiene activa a La Alameda, que el año pasado denunció junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a un taller por trata de personas y reducción a la servidumbre. Según él, “los que convocaron a la marcha son medios de la colectividad boliviana que reciben publicidad de los talleres y los talleristas que amenazaron a los costureros con que si no iban se podían quedar sin trabajo. Por eso juntaron dos mil personas”.

Para él, es necesario distinguir entre los talleres familiares y los que son más grandes y “explotan a la gente”. “Nuestras denuncias no afectan a los talleres familiares. Esos son más pequeños y a algunos incluso los ayudamos a transformarse en cooperativas. Nosotros mismos creamos una cooperativa donde trabajan doscientas personas”, explicó.

No obstante, Escudero coincidió en culpar a los fabricantes por las condiciones de trabajo de algunos talleres. “Los fabricantes son los principales responsables y el Estado se sigue haciendo el distraído”, consideró.

“Los más furiosos en la marcha eran los que traen a la gente engañada desde Bolivia, los que participan de la trata de personas y que están cometiendo los delitos que nosotros denunciamos. Ellos no quieren cambios porque si hay alguna modificación van a tener que dejar de existir”, afirmó.