El presidente boliviano Evo Morales acaparó toda la atención ayer en Viena al lanzar la declaración más dura que hizo hasta el momento contra la empresa petrolera estatal brasileña: “Si quiere hablar de los contratos, le voy a demostrar que son ilegales e inconstitucionales, y si quiere saber sobre Petrobras le voy a informar cómo ilegalmente operaron sin respetar las normas de Bolivia”, disparó el mandatario ante la pregunta de un periodista. Desde el lado brasileño, tanto la empresa petrolera como el canciller Celso Amorim se mostraron “indignados” por las declaraciones de Morales, que además los tomó por sorpresa ya que sólo 24 horas antes funcionarios de Brasilia y técnicos de Petrobras habían alcanzado un principio de acuerdo con sus pares de La Paz y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Evo no fue tan duro con España, aunque recordó que el gobierno socialista no ha cumplido con la ayuda prometida.

“Necesitamos socios y no patronos.” Esta frase ha sido un símbolo de la dirección política del nuevo gobierno de La Paz desde que asumió en enero pasado, y ayer Morales la volvió a elegir para mandarle un mensaje claro a a un “amigo”: “Si quieren ayudar a Bolivia, eso debe ser no solamente con cooperación, sino que los recursos naturales tengan un precio razonable”. Desde el primero de mayo cuando el presidente boliviano decidió nacionalizar los hidrocarburos, se comenzaron a escuchar voces en alza –especialmente de los industriales de San Pablo– que auguraban una fuerte suba de precios en las importaciones de gas desde el país andino. El mandatario también eligió el foro internacional para anunciar que no se pagarán indemnizaciones a las petroleras afectadas por la nacionalización, algo que se esperaba se negociara en el período de 180 días impuesto por La Paz. Según explicó, su gobierno considera que los recursos naturales fueron enajenados con contratos ilegales e “inconstitucionales”, ya que no fueron ratificados por el Parlamento y “desconocidos” por el pueblo.

Si el mensaje de Morales no era lo suficientemente claro, la exclusión de Madrid y de Brasilia de la lista de países que ayudan “incondicionalmente” a Bolivia –Venezuela, Cuba, Dinamarca y Japón– despejó cualquier duda.