Los jueces de la Corte Suprema recibieron el jueves pasado con gran expectativa el plan de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para sanear el Riachuelo. La presentación incluía tantos documentos que tuvo que ser trasladada a la mesa de entradas en tres carritos, de los que se suelen usar en Tribunales para cargar expedientes repletos. Sin embargo, después de haber leído los papeles principales, algunos de los supremos concluyeron que el material era impreciso en cuestiones centrales: no ofrece un cronograma que determine cuánto tiempo y qué etapas requerirá la recuperación de la cuenca ni cuánto costará. Por eso, en la audiencia pública del martes próximo podrían pedirles a las tres administraciones que hagan sus cálculos y completen la información.

La ley es la herramienta que –explican en el Gobierno– permitirá llevar a la práctica el proyecto entregado hace seis días a la Corte. El máximo tribunal fue el que, en definitiva, apuró los tiempos al exigirle al Estado que diseñara una solución concreta a la polución y al intimar a 44 empresas involucradas a que den cuenta del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y brinden datos precisos sobre cómo tratan los desechos que producen. Lo que hicieron Sus Señorías fue admitir una presentación de 140 vecinos de la llamada Villa Inflamable, en Dock Sud, y en función de eso repartir instrucciones.

En el tribunal todavía tienen que ultimar detalles sobre cómo se va a celebrar la audiencia pública en la que cada una de las partes deberá explicar sus propuestas y sus razones. Saben que quedará desdoblada en dos o tres jornadas por la cantidad de exposiciones. El martes 5 están citados los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, y se sumaría a esa tanda el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

El turno de las empresas sería dos o tres semanas más adelante. Este punto se podría definir en el plenario que los jueces tendrán hoy, donde también discutirán si admiten la participación de un grupo de ONG que se presentaron la semana pasada por el “daño ambiental colectivo” (ver aparte). Según explicó un allegado a la Corte a este diario, lo más factible es que se acepte a las entidades ligadas al medio ambiente y a otras se las rechace.

Lo jugoso de las audiencias abiertas no sólo será escuchar de boca de los protagonistas lo que ya dijeron por escrito, sino que los ministros de la Corte podrán hacerles preguntas y señalamientos. Según confió uno de los integrantes del tribunal a Página/12, tanto él como algunos de sus colegas quedaron sorprendidos por la falta de un cronograma y una grilla presupuestaria (sólo hay datos de algunas obras en ejecución) en la documentación oficial que recibieron de parte de los tres gobiernos. Y este tema, señaló el juez, podría merecer preguntas y quizás algún llamado de atención.

Uno de los escritos que llevaron los tres gobiernos al alto tribunal sugiere, en tono diplomático, que no ven razones para darle más detalles a la Justicia. En voz baja, un funcionario que conoce el tema de cerca admitió a este diario que “es un riesgo dar fechas exactas a la Corte, porque equivale a regalarle un elemento para que esté encima del plan hasta que se cumpla todo”. “Por otra parte –agregó–, tal cronograma no existe, podrá haber estimaciones informales, pero nada más. Es imposible hacerlo hoy.”

Después de las audiencias, la Corte volverá a tener la palabra. Podría dar nuevas directivas y no está totalmente descartado que disponga algún tipo de indemnización –no por los daños a la salud, que quedaron separados del expediente–, sino por el daño colectivo.