Después de varias semanas de negociaciones, Guillermo Moreno y los dueños de estaciones de servicio coincidieron en el diagnóstico: las bocas de expendio de combustible pierden, en promedio, 10 mil pesos por mes. Pero en las reuniones, que también involucraron a las petroleras, hasta ahora no hubo consenso respecto de qué hacer para eliminar ese quebranto. En algún momento, el secretario de Comercio imaginó como una fórmula mágica la explotación intensiva de los minishop, alternativa rápidamente desechada por los empresarios, que contaatacaron con otras políticamente más urticantes, como las de prohibirles a las refinadoras la venta minorista. Si esta semana no hubiera fumata, los estacioneros volverían a agitar el fantasma de un eventual lock out.

El problema de acotada rentabilidad podría sintetizarse como un mix de costos crecientes con ingresos menguantes, en gran medida por la progresiva merma en la venta de las naftas. A raíz de esta situación, detallada ante Moreno, en los últimos años la cantidad de estaciones de servicio se habría reducido de 6000 a 4500, con la pérdida de 35 mil puestos de trabajo. En algunos casos, porque la estratégica ubicación de los predios tentó a sus propietarios con un negocio inmobiliario, bastante más lucrativo que el de los surtidores. En la mayoría, simplemente, porque la ecuación económica no le cerraba.

En virtud de un acuerdo con el Gobierno y bajo la amenaza de una eventual suba de las retenciones, las refinadoras (Repsol, Petrobras, Shell y Esso, las dos primeras “integradas” porque producen crudo y lo refinan) venden combustible a un precio fijo desde 2003. Pero el margen, aplicado sobre ese valor, también es fijo y modificarlo entrañaría aplicar un ajuste sobre el precio final de los carburantes, que los propios estacioneros consideran políticamente inviable. Oficiosamente, estiman que para paliar su déficit habría que subir a 3 pesos el valor de las naftas en surtidor o a 2,50 en el gasoil, o bien duplicar su margen de retribución por alguna vía alternativa.

Moreno enfrentó la embestida con un estudio que segmenta a las estaciones según el volumen creciente de venta, con una media de miles de litros por mes: hasta 90 mil, hasta 130, hasta 170 y hasta 230. El resultado concordó con el de otro trabajo elaborado por la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), que hizo una segmentación apenas diferente y arribó a una conclusión similar: el quebranto promedia los 10 mil pesos por mes y no se subsana vendiendo más cantidad, ya que para esto es necesario subir costos, como el de personal.

Estos mismos trabajos descalificaron la idea de Moreno de que el negocio podría tornarse sustentable con la explotación de los minishop. Según el cuadro de Cecha, aunque esas explotaciones accesorias proveen la mitad de la renta bruta, ésta finalmente resulta licuada por los gastos para sostener esos puntos de venta.

La pretensión más contundente de los estacioneros es que las refinadoras les vendan a menor precio, algo que éstas rechazaron de movida, con el argumento de que proveen a un valor congelado “artificialmente”. Tampoco cuajó la propuesta de impulsar el proyecto de ley de Comercialización de Hidrocarburos, hoy en estudio en las comisiones de Energía e Industria, que prohíbe a las refinadoras vender al menudeo, menguando así la competencia. La tercera idea igualmente resistida por ellas fue aumentar las retenciones sobre sus exportaciones y que ese ingreso fiscal adicional sea repartido entre los estacioneros como una subvención directa.

Descartadas las tres vías, así como un aumento en el precio final, los estacioneros apuntaron hacia las arcas públicas con la idea de que el Estado resigne parte de los impuestos sobre combustibles. Moreno tiene la última palabra.