La decisión fue madurando durante el fin de semana pero recién se conoció ayer. El presidente Evo Morales anunció la remoción del cuestionado titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, y su reemplazo por Juan Carlos Ortiz, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de esa empresa estatal. La sorpresiva llamada desde el palacio Quemado sorprendió a Ortiz en Santa Cruz de la Sierra, lo que postergó la ceremonia de asunción hasta las cinco y media de la tarde, cuando el salón de los espejos multiplicó por decenas las imágenes del acto, visualizado como el desenlace de la crisis por la nacionalización, que incluyó la censura del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en el Senado, y desató una escalada de acusaciones entre el oficialismo y la oposición durante toda la semana pasada. Allí estaban, además del jefe de Estado, el vicepresidente y varios ministros y viceministros que ponían de relieve la importancia asignada al acontecimiento.

“Las fuerzas oligárquicas y la derecha reaccionaria han urdido una campaña contra el proceso de nacionalización, que estaba causando un enorme daño a nuestro gobierno y a nuestro partido con falsas denuncias de corrupción”, justificó su renuncia Alvarado, el primer hombre de confianza del presidente que es alejado del gobierno en los siete meses de gestión. “Los procesos revolucionarios como el que vive Bolivia tienen una dinámica muy grande, por eso necesitamos esos cambios, más aún en un área como hidrocarburos”, continuó el ministro Soliz Rada, quien no profesa gran simpatía por Alvarado.

Lo siguió el nuevo presidente de YPFB, empresa considerada el motor de la nueva política energética del gobierno socialista. Ortiz, ex ejecutivo de Petrobras, destacó la necesidad de “avanzar en la nacionalización, que cuenta con la militancia de todo el pueblo boliviano e implica un giro en la actividad petrolera en nuestro país, con el Estado como actor central a través de YPFB”. “La fundación de esta empresa en 1936 fue el proyecto más boliviano que fuimos capaces de concebir los cruceños”, agregó. El origen de Ortiz en la ciudad más autonomista del país no fue ajeno a su inimaginado aterrizaje en la presidencia de esta empresa, soñada por los militares nacionalistas como un paso hacia el fin de la dependencia pero, al igual que en el resto del continente, capturada primero por la corrupción del capitalismo de Estado y liquidada después por el dogmatismo de los Chicago Boys. El nombramiento de Ortiz es un gesto hacia la esquiva Santa Cruz, un departamento productor de gas y petróleo, en un momento complicado para el gobierno.

En su movida de ayer, Evo Morales aprovechó para cambiar parcialmente el equipo encargado de la gestión de la política hidrocarburífera, que enfrenta varias piedras en el camino. Y, en ese marco, hubo otras sorpresas: Guillermo Aruquipa –“militante de vanguardia del MAS”, como lo definió Soliz, y asesor en la nacionalización– recaló en el viceministerio de Exploración y Producción de hidrocarburos, y el abogado Santiago Berríos reemplazó a Víctor Hugo Sainz como titular de la superintendencia de Hidrocarburos.

La salida de Sainz estaba cantada: fue él quien presentó el informe que impugnó el contrato petrolero y abrió la caja de Pandora que acabó con la salida de Alvarado y dejó el campo libre para la ofensiva de la oposición. La “súper”, al frenar el contrato, dijo que la operación de venta de dos mil barriles diarios de petróleo a bajo precio a la brasileña Univen –mediante la intermediaria Iberoamérica– hubiera provocado daño económico al Estado y violaba el decreto de nacionalización (que prohíbe la contratación de intermediarias). YPFB se defendió diciendo que el diésel que iba a importarse a cambio del crudo también sería a un precio preferencial, iniciando una guerra de cifras que confundió a la opinión pública, que mantuvo un manto de dudas sobre Alvarado. Ahora el gobierno retomó el control del ente regulador con un titular interino; el definitivo debe ser elegido por el congreso.

“Morales toma la decisión (de sacar a Alvarado) recién ahora, cuando logró hacer retroceder a la oposición y dejar en claro que no hubo corrupción”, dice un funcionario que conoce la psicología del presidente boliviano. Y en ello insistió ayer Morales. “Quiero dejar en claro que no hubo corrupción, el compañero Alvarado es incorruptible, pero esta semana que pasó debimos enfrentar una verdadera conspiración de la derecha, que quiso echar al ministro Soliz Rada como me echó a mí del congreso en 2002, pero si hemos aguantado 500 años cómo no vamos a aguantar esto”, dijo el mandatario con el mismo tono con el que días pasados hizo recular a la oposición y allanó el camino para recomponer su equipo petrolero sin que parezca un acto decidido bajo presión.