“No ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria y por tanto irregular.” Frases como ésta destacaron al ex general Santiago Omar Riveros durante la democracia. Se desempeñó como responsable máximo de la zona IV de Seguridad (zona Norte del Gran Buenos Aires) entre septiembre de 1975 y febrero de 1979. En los primeros años de la dictadura funcionaron diez centros clandestinos de detención en esa área, cinco en instalaciones del Ejército, tres en dependencias policiales y dos en la Marina. Jefe de Instalaciones Militares en Campo de Mayo, bajo su mando estuvo el hospital militar al que llevaban a las secuestradas con embarazos a término para, luego del parto clandestino, robar sus bebés y suprimir su identidad. También el centro clandestino de detención llamado El Campito, por el que pasaron una gran cantidad de detenidos-desaparecidos. En el juicio a las Juntas Militares en 1985 la Cámara Federal dio por probados una serie de homicidios ocurridos en su jurisdicción, hechos por los que fue declarado culpable. Intentó acogerse a la Ley de Obediencia Debida en 1988, pero la Cámara Federal de San Martín le negó el beneficio. Después de un largo proceso que empezó en 1983, la Justicia italiana confirmó hace dos años la sentencia en tercera instancia a cadena perpetua que sus abogados habían apelado por encontrarlo responsable, junto con el ex general Guillermo Suárez Mason, de la desaparición y muerte de tres ciudadanos de ese país. Riveros fue el primer militar de alta jerarquía durante la dictadura en narrar en un documento de cuarenta y ocho páginas enviado al jefe del Ejército, Roberto Bendini, cuál había sido su comportamiento durante la dictadura. En el mismo negaba la existencia de “centros clandestinos de detención: se trataba de lugares de reunión de detenidos (LRD) hasta el nivel de brigada, y lugares de detención temporaria (LDT)”.