La fiscalía de la ciudad alemana de Nuremberg reinició la investigación en la causa en la que están implicados 20 militares argentinos por el secuestro y desaparición del ciudadano paraguayo-alemán Jorge Federico Tatter. Entre los imputados se encuentran Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi y Jorge Olivera Rovere.

Las investigaciones habían sido suspendidas en agosto de 2004, por lo que la organización Coalición Contra la Impunidad, formada por representantes de las iglesias Católica y Evangélica Protestante y organismos defensores de los derechos humanos de Alemania, a través del abogado Wolfgang Kaleck, se basó en la presentación en febrero de este año de documentación localizada en los llamados “Archivos del terror”. Entre las fichas con información sobre el Plan Cóndor que la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner escondió pero no destruyó, se encontraron datos sobre Tatter.

En ese caso hay tres jurisdicciones involucradas, ya que abogados de los tres países involucrados, Argentina, Paraguay y Alemania, están trabajando en la investigación.

Jorge Federico Tatter era paraguayo y tenía 53 años cuando fue secuestrado en su casa del barrio de Once. Nacido en Colonia Nueva Germania e hijo de un ex marino alemán, a los 13 años ingresó al Colegio Militar en Asunción. Como su padre, hizo la carrera hasta llegar al grado de teniente de fragata, momento en que fue dado de baja por su participación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno militar de Higinio Morinigo en 1947. Estuvo exiliado en Argentina hasta 1950, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón lo expulsó junto con otros militares paraguayos que habían participado de la Guerra Civil. Vivió en Uruguay hasta 1952, año en que volvió al Paraguay y se afilió al Partido Comunista. Pasó seis meses en la cárcel en 1960 donde fue torturado por infracción a la “ley de defensa de la paz pública y libertad de las personas”, que se había sancionado durante el primer año de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1963 volvió a la Argentina y se mantuvo en contacto permanente con otros exiliados paraguayos. El 15 de octubre de 1976 un grupo de tareas del Ejército entró por asalto a su casa en General Urquiza 133, de donde lo secuestraron. Posteriormente lo habrían trasladado a su país de origen.

Esta no es la única causa sobre ciudadanos de ese país desaparecidos durante la última dictadura argentina que lleva adelante la Justicia alemana. La fiscalía de Nuremberg todavía sigue pidiendo la extradición de Videla a Alemania para ser juzgado por el homicidio de los ciudadanos alemanes Elisabeth Kasemann y Klaus Zieschank, ocurridos entre 1976 y 1977 en Buenos Aires.