En medio de la polémica sobre la (in)seguridad en el tráfico aerocomercial, el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, reclamó que se investigue adónde va a parar el dinero de la Fuerza Aérea. “En octubre del año pasado hicimos una denuncia penal con un pedido de coima totalmente comprobado y la Justicia no hizo nada, ni siquiera hubo indagatorias a pesar de que el fiscal Federico Delgado las pidió”, protestó el funcionario en diálogo con Página/12. Se refería, en particular, a una presentación que reveló que una fundación de la Aeronáutica se usaba para desviar, a través de empresas truchas, fondos que estaban destinados a los servicios de salud para el personal militar. En aquella pesquisa, hasta quedaba involucrado el entonces jefe de la fuerza, Eduardo Schiaffino.

Por esas casualidades, el mismo juez federal que tiene a cargo la causa iniciada OA, Norberto Oyarbide, instruye dos expedientes derivados de las investigaciones del ex piloto y actual director de cine Enrique Piñeyro sobre la seguridad aérea. El más reciente es el que se refiere al estado del radar de Ezeiza y la responsabilidad de diez jefes de la aviación militar. El otro, que lleva casi siete meses en tribunales, se inició por un pedido del fiscal Carlos Rívolo, que quedó horrorizado después de ver la película Fuerza Aérea S.A. Rívolo pidió la indagatoria de seis oficiales, que hasta ahora no fueron citados.

El trabajo de la OA sobre los sobornos y el manejo irregular de fondos de la Fuerza Aérea tiene algunos puntos tragicómicos. Por empezar, la denuncia original ante el organismo de Fleitas fue presentada por el propio Schiaffino, por orden del entonces ministro de Defensa José Pampuro. Pero el ex jefe aeronáutico terminó como sospechoso.

Una de las pruebas más insólitas del expediente es la confesión por escrito del apoderado de la empresa Geo Salud, Eduardo Kelly, de que había recibido un pedido de coima de 93 mil pesos para firmar un convenio con la Fundación Sanidad Aeronáutica (Fusaer) por el cual se proveerían medicamentos a la obra social de los aviadores. Los personajes que le plantearon el negocio en esos términos, precisó, fueron el brigadier retirado Hernán Daguerre y un intermediario, Hugo Mario Pisciotti, a quien vinculó con el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. Le habían sugerido, además, que el soborno sería disimulado con una supuesta auditoría del convenio que figuraría a cargo de la empresa “Magister Doctor”, presidida por Pisciotti.

Kelly se enojó porque al recibir el primer cheque, por 370 mil pesos, se lo rebotaron en el banco. Entonces le fue a reclamar directamente a Schiaffino. En un escrito le detalló que Daguerre y Pisciotti le habían dicho “que la finalidad del convenio era obtener recursos para repartir ya que tenían que cobrar veinte personas” incluido “el jefe de la Fuerza que solicitaba 70.000 pesos mensuales en efectivo”. El contrato era de 880.000 pesos mensuales.

En octubre de 2005, el brigadier Daguerre, que era el representante oficial de Fusaer, fue sancionado con 35 días de arresto por librar un cheque sin fondos. Pero la maniobra era mucho más compleja que eso. El convenio con Geo Salud quedó abortado cuando Kelly protestó. Pero a esa altura, la Fundación –creada en teoría para “optimizar” los servicios del Hospital Aeronáutico– ya había hecho muchas otras contrataciones irregulares. Por ejemplo, figura la aparente compra de un mamógrafo a “Diagnóstico Científico S.A.”, una empresa quebrada que figuraba como deudor irrecuperable y tenía el mismo domicilio que daba Pisciotti por “Magister Doctor”, según consta en la causa. También se contrató el alquiler de equipos por 2000 dólares mensuales con un tal Juan Galup, que había dado un número de CUIT no registrado en la AFIP y que reclamaba los pagos en el mismo domicilio de “Magister Doctor”. Y la lista sigue. Son al menos nueve contratos truchos.

“Lo mínimo que esperábamos era que el juzgado de Oyarbide despejara el gran interrogante: cuántos y quiénes son los jefes de la Fuerza Aérea que podrían estar en el negocio. Pero no se investigó nada. La causa revela con pruebas muy directas una trama de intereses y de corrupción en perjuicio de quienes teóricamente eran los beneficiarios, el personal de la fuerza. Se sustrajeron recursos que eran para ellos”, se quejó Fleitas. En octubre del año pasado, el fiscal Delgado pidió la indagatoria de Daguerre y Pisciotti, pero nunca fueron citados. Señaló en un dictamen que se debía establecer la responsabilidad, cuanto menos, de Schiaffino y de su segundo, el brigadier Eduardo Bianco. No hubo novedades. “No me explico esta inactividad”, insistió el jefe de la OA. Sabemos que, además, hubo compras con sobreprecios muy grandes y pruebas contundentes de un pedido de coima. Cuanto más tiempo pasa mayor es la impunidad”, advirtió.

En otra causa pendiente, a cargo de Guillermo Montenegro, al menos dos personas ligadas a la Aeronáutica fueron denunciadas en abril de 2006 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por no incluir en sus declaraciones juradas que tenían tarjetas de crédito emitidas en el exterior, que usan aquí.

El juez Oyarbide, por su lado, tiene material de sobra para estudiar no sólo quiénes están comprometidos en el descontrol aéreo, sino qué hacen los brigadieres y comodoros cuando no están custodiando la aviación comercial.