El Consejo de la Magistratura recibirá en su próximo plenario a los 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que pidieron el juicio político de cuatro jueces de la Cámara de Casación Penal por obstaculizar las investigaciones sobre los crímenes dictatoriales y utilizar artilugios para favorecer a los represores acusados. Se trata de un grupo de querellantes de las causas sobre la ESMA, el Primer Cuerpo de Ejército, Campo de Mayo y el Plan Cóndor, que denunció a los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bissordi. El abogado Rodolfo Yanzón les solicitó ayer a los consejeros la posibilidad de ir a explicar personalmente las razones que motivaron el pedido de remoción. El organismo ya les reservó un lugar en la agenda de la próxima reunión, el 5 de abril. Mientras tanto, la Comisión de Acusación ya asignó por sorteo la instrucción de la investigación sobre los camaristas al consejero-juez Luis Cabral.