Durante el interesante reportaje realizado por Magdalena, Kirchner hizo una referencia elíptica a la relación entre Bergoglio y el hombre de negocios subsidiados Sergio Tasselli. “Con los obispos de mi provincia siempre me llevé muy bien y tuve dos obispos, uno de ellos monseñor Alemán que era absolutamente un gran luchador, igual que Buccolini. Tuvimos y trabajamos mil problemas porque Santa Cruz es una provincia... ¿Sabe lo que era en la década del ‘90 cuando el petróleo estaba a 8 pesos, los petroleros, gremio pesado si los hay, o los mineros en Río Turbio, son una belleza de gente pero estaba este señor, me lo encontré allá ni lo quiero nombrar, que me persiguió siempre, comentaba anoche durante tantos años, que ganó tantas concesiones en la época del ‘90, y me ayudaron muchísimo; también me criticaron muchísimo. A mí no me molesta eso”.

Alejandro Buccolini asumió como obispo de Río Gallegos en 1992, el mismo año en que Kirchner ganó la intendencia, y permaneció allí durante sus dos períodos como gobernador. Tasselli fue desde 1994 concesionario del yacimiento carbonífero de Río Turbio, cuya plantilla completa de sueldos fue subsidiada por la Nación, de la que dependía la mina. También tuvo diversos conflictos con el gobierno de Santa Cruz y con sus trabajadores. Varias veces Buccolini intercedió por Tasselli ante Kirchner, siempre a pedido de Bergoglio. Nacido en Italia, Sergio Tasselli canaliza inversiones del Arzobispado de Buenos Aires y durante mucho tiempo atendió sus negocios desde una oficina en el edificio que Bergoglio ocupa frente a la Plaza de Mayo. La decisión adoptada la última semana por el gobierno nacional de revocar la concesión de las líneas ferroviarias que Tasselli administraba desde 1994, también con enormes subsidios y escaso control estatal, no contribuirá a apaciguar al cardenal porteño.

Un tema significativo en la relación del presidente con la Iglesia católica es la situación del Obispado Castrense, a cargo en forma interina del vicario general Pedro Candia. Esa organización fue creada en 1957, por un tratado que el papa Pío XII firmó con la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas. Por imposición de aquel gobierno su primer titular fue el administrador apostólico de Buenos Aires, Fermín Emilio Lafitte, quien desde el Arzobispado de Córdoba había tenido una activa participación en el golpe militar que en 1955 depuso al presidente Juan Perón y que en 1956 apoyó la represión contra el alzamiento del general Juan José Valle, que incluyó tres docenas de fusilamientos de militares y civiles. Sus sucesores en el Obispado Castrense entre 1959 y 1981, Antonio Caggiano y Adolfo Tortolo, fueron al mismo tiempo presidentes de la Conferencia Episcopal y tuvieron una importancia decisiva en la diseminación entre los oficiales de las Fuerzas Armadas de la doctrina de la seguridad nacional, en su vertiente francesa de guerra contrarrevolucionaria, que se aplicó con trágicos resultados durante la última dictadura. En 2002, a pedido del senador Eduardo Duhalde, quien estaba a cargo en forma interina del Poder Ejecutivo, el Vaticano designó como obispo castrense a Antonio Baseotto, quien visitó la Corte Suprema de Justicia para pedir a sus integrantes que cerraran los juicios por violaciones a los derechos humanos. En marzo de 2005, Kirchner decidió desconocer como secretario de Estado a Baseotto, quien había escrito que el ministro de Salud merecía ser tirado al mar con una piedra de molino al cuello, por haber distribuido preservativos. Antes solicitó al Vaticano que lo retirara y ante la negativa firmó el decreto de cesantía, en el que sostuvo que esa metáfora evocaba los vuelos en los que muchos detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar entre 1976 y 1983. El tratado vigente establece que el cargo es provisto por el Papa, con acuerdo del Presidente, pero nada dice sobre mecanismos de remoción. Mientras el gobierno nacional entendió que quien daba el acuerdo también podía retirarlo, el Vaticano sostuvo que la remoción de un obispo no competía al poder temporal. El mes pasado Baseotto llegó a la edad fijada para la jubilación eclesiástica y Benedicto XVI le aceptó la renuncia, con lo que la sede quedó vacante. El nuncio Adriano Bernardini propuso para el cargo al obispo de Chascomús Carlos Malfa y el gobierno le hizo saber que necesitaba tiempo para decidir si le daría el acuerdo, y que el silencio no podría interpretarse como asentimiento tácito. La Iglesia Católica preferiría que el gobierno aceptara a Malfa y la situación se regularizara. Pero también estaría dispuesta a admitir una reforma en la institución, de modo que incluyera vicarios de otras confesiones. El gobierno, que se reserva el derecho de replicar a los mensajes y las actividades políticas de los obispos pero que no busca una confrontación institucional, contempla ambas opciones pero también una tercera: la denuncia del acuerdo y la disolución del Obispado, para que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad practiquen el culto de su preferencia en los templos próximos a sus domicilios, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros. Esto sería coherente con las propuestas del gobierno de integración castrense a la sociedad. El rostro inescrutable de Kirchner durante el Te Deum del viernes no permite adelantar ninguna conjetura acerca de la decisión que adoptará, ni en qué plazo. Ahora le toca esperar a Roma.