“No tengo nada que ver, no puede haber ninguna responsabilidad mía. Acá no se puede suponer una actitud dolosa mía vinculada a contrabando de FAL y de FAP, eso es casi risible”, se defendió ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré. “Colaboraremos con la Justicia, pues no hay absolutamente nada que ocultar”, prometió. Garré vinculó su imputación en la causa de contrabando de armas en manos del juez Guillermo Tiscornia y la difusión de ese hecho a la campaña electoral. “De acá a octubre vamos a ver muchas sobreactuaciones”, dijo. La ministra aseguró, además, que la cartera a su cargo “no es competente para opinar en temas de precio de mercado”, sino que “hay otro organismo –la Aduana– que lo hizo a tiempo evitando la exportación”. A través de un comunicado, Defensa precisó que “la Dirección General de Aduanas estimó que existía una subfacturación en el precio pactado entre exportación e importación”. La Aduana explicó en otro comunicado que el freno al embarque de partes de fusiles fue producto de una subfacturación “tan grosera que no resultó necesario recurrir a un estudio de valor” para advertirlo.