La ciudad de Buenos Aires venía reclamando por la plena autonomía desde hace una década, sobre todo una “policía propia”. Así como el Pacto de Olivos le dio origen, al posibilitar la reforma de la Constitución y crear un régimen con facultades propias de legislación y jurisdicción, también le trazó sus limitaciones.

Más allá de poder elegir a sus jefes de Gobierno, los porteños obtuvieron una Justicia acotada, y no accedieron a la administración del puerto, ni al control del juego ni empezaron a recibir la totalidad de los ingresos que producen, como tampoco a manejar una valiosa herramienta del control del poder económico cual es la Inspección General de Justicia. Como en política lo urgente tapa lo importante, y a tono con el discurso sobre la inseguridad que reclama “mano dura”, la demanda se centró en el artículo 7 de la ley 24.588. Redactada por Antonio Cafiero, esa norma había reservado al gobierno central “la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes” en el distrito y determinó que la Policía Federal siguiera “dependiendo orgánica y financieramente del Poder Ejecutivo nacional”. En teoría, esto apuntaba a asegurar la custodia de los edificios federales y las representaciones extranjeras, además de contemplar la imposibilidad de desmembrar la Federal. Pero el entonces gobierno menemista lo que buscó, en realidad, fue darle a la Capital las menores facultades posibles. El riojano era consciente de que no obtendría nunca el control por la vía electoral, por lo tanto utilizó su mayoría parlamentaria para darle a la oposición el menor margen de acción posible. Así, Buenos Aires autónoma terminó con muchas menos atribuciones que cualquier ciudad de provincia.