La Justicia federal confirmó ayer la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, en marzo de 1977. La respuesta del juez Sergio Torres a la serie de recursos y planteos de nulidad presentados por la defensa de los represores fue contundente: “Son acciones legales que tienden a la paralización de la investigación y la desvinculación de los imputados”. Según fuentes judiciales, “en los primeros meses del año próximo” podrían empezar las audiencias en las que están imputados, entre otros, Jorge “el Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.

Si bien la causa ya había sido elevada a juicio oral a mediados de año, en noviembre los abogados defensores de los procesados presentaron un escrito objetando la decisión del juez Torres, quien ayer rechazó el planteo “in limine” por carecer de fundamentos. Será entonces el Tribunal Oral Federal número cinco el encargado de llevar adelante el juicio, en el que también están imputados los represores Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolon, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso. En esta lista figuraba Héctor Febres, excluido de la acción penal a raíz de su muerte por envenenamiento, ocurrida la semana pasada.

Walsh fue herido el 25 de marzo de 1977 en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, de esta Capital, un día después de que difundiera la “Carta abierta” a la Junta Militar que por entonces aterrorizaba al país. Sus verdugos, el grupo de tareas 3.3.1, lo habían estado siguiendo varias horas, mientras el escritor acudía a una cita que nunca se concretó, básicamente porque era parte de la trampa para secuestrarlo. Luego de resistir a los tiros, Walsh fue herido y varios testigos aseguran que fue llevado a la ESMA, donde desapareció.

“La intención era capturarlo a los efectos de someterlo a torturas para obtener información”, sostuvo el juez Torres al describir los hechos. Los marinos imputados deberán afrontar cargos por “privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida con abuso de sus funciones y con las agravantes correspondientes por haber sido perpetrada con violencia y amenazas” y “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.