La decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. No es así. El hecho de que el tema haya sido escatimado voluntariamente y durante mucho tiempo de la agenda pública, sumado a la complejidad que agrega la aceleración tecnológica del mundo info-comunicacional, ha convertido a la ciudadanía en poco menos que iletrada en la materia. De allí que sea necesario reinstalar cuestiones tales como si estamos hablando de una ley de radiodifusión en términos estrictos, o de una norma que contemple la complejidad actual de los servicios de comunicación, de los cuales la radiodifusión es apenas una parte. Y clarificar cómo se conecta todo esto con una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía y cuáles son los efectos sobre la vida cotidiana. Paradójicamente, no hay información sobre la comunicación, sobre sus implicancias y consecuencias, sobre la importancia del fenómeno en el espacio público, en la toma de decisiones, en el poder. Gran parte de los actores que hoy se mueven en el escenario social y la mayoría de los ciudadanos tienen visiones sumamente fragmentadas, cuando no estereotipadas, de lo que la comunicación significa y su nivel de incidencia en los procesos de desarrollo integral. La pregunta, en consecuencia, es si estamos realmente en condiciones de debatir sobre la comunicación. O mejor dicho, si no es necesario un proceso de “alfabetización” ciudadana sobre la comunicación que ayude a comprender los alcances, las dimensiones y las implicancias de lo que se está planteando.

Lo anterior también para que podamos rescatar la comunicación desde una perspectiva que la entienda como un derecho humano fundamental y que todo no quede limitado al debate sobre la distribución del espectro radiotelevisivo o sobre el sistema de propiedad de los medios. No porque estos y otros aspectos no sean importantes en sí mismos, sino porque lo que se acuerde sobre la comunicación tiene que cimentarse en la complejidad económica, política, cultural y tecnológica que presenta el tema y abrirse, al mismo tiempo, a la participación de todos los actores posibles.

Ampliar el espacio de participación popular en la comunicación es también incluir dentro del diseño de una política de comunicación del Estado un adecuado incentivo a la producción artística y cultural de raíz nacional, multiplicar la fuentes y las redes de información temáticas y de raíz local, promover las radios y las televisoras comunitarias, formar y adiestrar en el uso de las tecnologías de comunicación, entre otros tantos temas que se podrían mencionar.

Sería importante tener en cuenta que los medios comunitarios y locales, por la cercanía con la problemática y la vida cotidiana de los ciudadanos, tienen la potencialidad de ser sustentos valederos de una red ciudadana, espacio de construcción política, ámbito de reafirmación de la identidad. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para la que es necesario capacitarse. Tarea esta a la que hay que dedicar esfuerzos y recursos, algo que sólo se puede impulsar y garantizar desde el Estado. La participación popular en la comunicación es parte de una decisión política de construir ciudadanía, y si se entiende de esta manera no debería estar al margen de una estrategia política de cualquier gobierno, actuando de manera coordinada con organizaciones sociales experimentadas en la materia. Todo esto sin dejar de contemplar las aristas, las complejidades y también los escollos que ello representa. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía y de garantizar el derecho a la comunicación.