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Desde Tucumán

El fiscal general federal Alfredo Terraf acusó a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez de ser los autores materiales y necesarios en la desaparición, tortura y secuestro del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos entre la madrugada del 24 de marzo de 1976 y el 6 de abril de ese año. Con ese fundamento pidió prisión perpetua para ambos y el alojamiento en una cárcel común: el penal de Villa Urquiza. La defensa de los represores pidió la absolución y de mínima la prisión domiciliaria.

Terraf calificó a Bussi, a quien tenía en frente, como “mentiroso, canalla, impúdico, cobarde, profesional de la mentira, dios moderno que decidía la vida y la muerte de las personas, genocida y torturador”. Sus palabras fueron escuchadas por más de 200 personas, la mayoría vinculada con los organismos de derechos humanos. En las puertas del juzgado otro grupo de manifestantes festejaba el alegato fiscal.

Tanto Bussi como Menéndez están acusados por los delitos de desaparición, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados, desaparición forzada, homicidio calificado y genocidio, todos delitos de lesa humanidad, por lo que el fiscal los consideró imprescriptibles. Cada imputación fue detallada por la fiscalía y completada con pruebas testimoniales.

Bussi presenció el alegato final de Terraf. En dos ocasiones fue retirado del recinto para ser atendido por los médicos del sistema provincial de salud. Menéndez esperó a que comenzaran los alegatos de sus defensores para dar la cara a los familiares de desaparecidos que levantaban las fotos de sus víctimas ante cada mirada del militar.

El fiscal destacó que “ahora llegamos a un delito inimaginable hacia una persona. El de la desaparición forzada. Cualquier padre que haya tenido un hijo menor, y en un shopping, un súper, una plaza, lo haya perdido de vista dos minutos, sabe la angustia que significa no verlo y la alegría que significa encontrarlo. Ahora, secuestrar y desaparecer a una persona, para que la familia viva ahí también tormentos psíquicos inimaginables, rezando todas las noches, esperando que vuelva su hijo, su esposo, su madre. Pasan los días, los meses, los años y no vuelven. Qué explicación hay con respecto a esto”. En ese momento, muchos no contuvieron las lágrimas al recordar la ausencia de los suyos. Algunos de los periodistas en la sala de prensa tampoco.

Antes de que comenzara la audiencia, Terraf mantuvo una charla informal con dos de los fiscales federales que estuvieron en el juicio, Carlos Brito y Emilio Ferrer, ambos con causas por delitos de lesa humanidad en la provincia.

Por otra parte, el acusador tuvo un capítulo aparte para los hijos del represor, Ricardo y José Luis Bu-ssi, ambos abogados y legisladores provinciales. Terraf los acusó de “cobardes” y de no querer sentarse “al lado de su padre para defenderlo”.

“Resulta que estos señores salen por los medios ladrando en contra de este fiscal, y no quisieron defender a su padre con la posibilidad de que sea condenado a cadena perpetua. En vez de estar sentados ahí (señalando las bancas de los abogados defensores), tuvieron un acto de cobardía, esto no es para cualquiera”, sentenció el fiscal.

El funcionario federal aportó las pruebas suficientes para demostrar que el proceso por el cual Vargas Aignasse fue secuestrado de su casa, luego torturado, más adelante llevado al penal de Villa Urquiza, y “liberado”, para más tarde volver a ser secuestrado, vejado y finalmente desaparecido, no fue un hecho aislado sino que fue una planificación detallada de parte de los militares antes de la fecha del golpe y que se debía ejecutar en todo el territorio nacional. “Tenebrosamente planificado, cuyo único fin era el aniquilamiento de los pensadores”, según la fiscalía.

Terraf aseveró que su mejor testigo fue el propio Bussi, ya que éste fue quien aceptó la existencia de una lista de personas “potencialmente peligrosas que evitarían la toma del poder”, por lo tanto deberían ser detenidas. Más allá de que el represor se trató de despegar de la acusación aduciendo que “las listas las enviaban desde la Junta Militar”, por lo que el fiscal replicó: “No me imagino a Videla, Massera y Agosti escribiendo en un papel las personas que debían desaparecer de Calamuchita, Tierra del Fuego o Tucumán. Eso era responsabilidad de los jefes de cada cuerpo”, ironizó Terraf.

Llegando al punto culminante de su exposición, que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el fiscal utilizó citas de Bertolt Brecht, del escritor uruguayo Eduardo Galeano y del ex fiscal que juzgó a los miembros de las Juntas Militares Julio César Strassera. “El dijo Nunca más. Yo desde lo más profundo de mis emociones digo: siempre más. Siempre más memoria, siempre más justicia”. La mayoría de los presentes, con lágrimas en los ojos, aplaudieron de pie el alegato de Terraf. En cambio, algunos de los bussistas optaron por levantarse y salir de la sala, otros por bajar la mirada.

Levantado el cuarto intermedio, pasadas las 13.30, impuesto por el Tribunal Oral, y antes de que hiciera uso de la palabra la defensora del represor, Amelina Assaf, Bussi trató de minimizar el alegato del fiscal federal diciendo que Terraf visitó en varias oportunidades la sede del partido Fuerza Republicana, que lo tenía al militar como presidente, “rogándome y ofreciéndome cargos públicos. Ahora resulta que el pedigüeño de ayer es el vengativo de hoy. Le pido al Tribunal me dispense, ya que tengo que afrontar mi último combate mañana”, se quejó el represor. Bussi hizo referencia a Terraf, ya que éste ocupada un cargo político durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín.

Por otra parte, y como estaba previsto, Assaf trató de desvincular de todo el accionar a Bussi, apoyándose en las actuaciones y declaraciones de los testigos frente a jueces militares, que como ya informó PáginaI12 hay fuertes indicios de que se hayan “armado” para ser firmadas por los militares y policías que actuaron en el secuestro del senador peronista tratando de dejar sentado “la historia oficial” de los hechos. El magistrado militar Roque Cabral (encargado de tomar las declaraciones) tiene pedido de detención por falso testimonio y falsificación ideológica por parte de la fiscalía.

Otro aspecto que resaltó Assaf fue que la Argentina no adaptó a su legislación las previsiones internacionales sobre los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas.

Por último, el codefensor Rodolfo Bertini, y anticipándose a lo que pasará mañana, pidió la prisión domiciliaria para Bussi, “en el caso de que se llegue a una condena. Es por su edad (el genocida tiene 82 años) y su precario estado de salud. Bussi pertenece al sector de los ciudadanos vulnerables”, esgrimió.

Luego de más de una hora de un nuevo cuarto intermedio, llegó el turno de Horacio Guerineau, defensor de Menéndez, quien sostuvo argumentos parecidos para alegar la inocencia del militar retirado.

Para mañana, cuando se dicte la sentencia, estarán presentes el ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde e integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La audiencia se dividirá en dos tramos, a partir de las 9.30 los dos represores podrán hacer uso de la palabra para declararse culpables o inocentes. Luego se pasará a un cuarto intermedio que podría ser hasta las cuatro de la tarde, hora de la lectura de la sentencia. En las charlas de café del centro tucumano, ya se habla de la condena a prisión perpetua en contra de Bussi, pero pocos se animan a asegurar que el Tribunal envíe al represor a una cárcel común.

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