“La diferencia entre el Acta Acuerdo y la media sanción de Diputados está en que será el Tribunal de Tasación el que determine el valor de Aerolíneas y Austral. Evidentemente, se realizaron las gestiones necesarias con Marsans para acordar que éste sería el nuevo método de valuación.” De esta manera, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, afirmó en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Transporte del Senado que la reestatización de Aerolíneas y Austral se hará mediante un acuerdo con el grupo español, más allá de las modificaciones realizadas al proyecto oficial. “No queremos hacernos cargo de la deuda pero tampoco apropiarnos de algo sin tener los mecanismos legales necesarios”, agregó Jaime, para evitar hablar de una posible expropiación. Por su parte, la oposición criticó la falta de acción del secretario para controlar al grupo Marsans, la validez del Acta Acuerdo y la deuda que deberá asumir el Estado.

“La historia de Aerolíneas es la crónica de un saqueo. Primero fue el grupo Iberia y luego Marsans”, apuntó el socialista Rubén Giustiniani antes de formular su pregunta al secretario de Transporte: “¿Por qué no incorporamos en el proyecto de ley un capítulo que defina la utilidad pública del servicio aerocomercial, se proceda a una expropiación y se deje claro que el Estado no será solidario con la deuda de ambas empresas?”.

Antes de que el funcionario diera su respuesta, el correntino Fabián Ríos (FpV-Corrientes), presidente de la Comisión de Presupuesto, aclaró: “Si Jaime contesta, será su opinión. Ni el Ejecutivo ni el bloque mayoritario (el kirchnerismo) se someterán a discutir una expropiación”. Hecha la aclaración, Jaime aseguró que “primero habría que determinar si es el Estado el que debe pagar (por las empresas y sus deudas) o son ellos (por el grupo Marsans) los que nos tienen que pagar a nosotros”.

Durante la sesión en Diputados, varios legisladores deslizaron la posibilidad de que al haber modificado la “esencia” del Acta Acuerdo, Marsans podría negarse a vender las empresas, por lo que el Estado debería recurrir a una expropiación. Jaime desestimó –por ahora– esta posibilidad. Sin embargo, un legislador del oficialismo señaló a PáginaI12 que algunos senadores del bloque K están analizando la posibilidad de modificar el proyecto de ley e incluir algún artículo que deje abierta la posibilidad de una expropiación, en caso de ser necesaria. Ayer el radicalismo realizó una ampliación de su denuncia contra Jaime por abuso de autoridad y defraudación al momento de firmar el Acta Acuerdo. Básicamente, la UCR planteó que el acta se consignó sin los informes jurídicos necesarios, a pesar de que Jaime haya asegurado durante el plenario que se realizaron todos los pasos legales para firmar el acuerdo. A su turno, Gerardo Morales, titular del Comité de la UCR, lanzó una serie de acusaciones contra el funcionario.

“No se ha cumplido ningún procedimiento jurídico para la aprobación del Acta. El secretario acaba de mentirnos en la cara, está afirmando algo que no tiene nada que ver con la realidad. Los diputados separaron el Acta Acuerdo por considerar que es el instrumento que convalida el fraude y vaciamiento de Aerolíneas”, aseveró –casi a los gritos– Morales, quien también criticó la aprobación de los balances de la compañía en 2006, cuando habían sido rechazados años anteriores.

Si algo identifica a Jaime es que no se inmuta ante los cuestionamientos –y alaridos– de los legisladores. Se le escapa una leve sonrisa a la hora de responder. “Podré tener mi verdad y usted la suya. Eso de decirme mentiroso, no corresponde. En todo caso, usted tiene su opinión”, respondió tranquilo el secretario de Transporte. Y siguió. “El responsable de los estados contables es el secretario de Finanzas. A mí no me compete el análisis de los balances”, respondió Jaime.

En 2006, el Estado aprobó el balance 2005 de Aerolíneas (y los impugnados anteriormente), a cambio de recuperar el 5 por ciento de las acciones de la empresa, tener dos directores y un síndico titular. Este acuerdo se firmó luego de un viaje del ex presidente Néstor Kirchner a España.

Los senadores del oficialismo y la oposición saben que luego del tratamiento de este proyecto –que se votaría la semana próxima– se vendrá otra batalla legislativa, pero con los números de la deuda en disputa. Mientras tanto, la oposición insistirá con la existencia del Acta Acuerdo y las “contradicciones institucionales” por tener dos marcos jurídicos sobre un mismo tema.

“Antes de votar, es necesario conocer la voluntad del vendedor. La media sanción de Diputados modifica unilateralmente la posición de Marsans. Si el grupo español no manifiesta su posición, podríamos incurrir en una debilidad jurídica”, señaló Ernesto Sanz, jefe del bloque radical. Pero Jaime ya había atendido esa inquietud, al comienzo de su exposición. “Se hicieron las gestiones necesarias para que Marsans acepte lo que dice el proyecto de ley”, concluyó el funcionario.