La encuesta realizada por el Ceill-Piette Conicet, además del indudable aporte académico, es una encuesta que interesa políticamente. No mide ni la intención de voto ni la legitimidad del Gobierno, pero sus resultados permiten complejizar las construcciones culturales e ideológicas sobre las que se asienta el poder de la jerarquía de la Iglesia Católica en su oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Dicha jerarquía continúa siendo el principal obstáculo para la democratización de la sexualidad a través de su insistencia en la defensa de una moralidad única, en la cual la reproducción dentro del matrimonio es el mandato principal e inevitable.

Los resultados de esta encuesta, que van en la dirección de otras encuestas en diversos países latinoamericanos, ponen de manifiesto que el creciente pluralismo de las sociedades contemporáneas se da, también, hacia el interior del catolicismo. Si bien la jerarquía católica continúa defendiendo una concepción única y dogmática sobre la sexualidad, los y las católicas presentan un amplio abanico de opiniones que se expresan en los datos de la encuesta. Frente a una jerarquía que no deja ningún espacio moral y legal para la despenalización del aborto, un 69 por ciento de los/as católicos/as sostiene que el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias. Frente a una jerarquía que busca boicotear la eficacia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la gran mayoría de los/as católicos/as sostiene que el Estado debe tener un rol activo en posibilitar el acceso universal a la anticoncepción. Frente a una jerarquía que considera la familia como el lugar legítimo para la educación sexual, un 93 por ciento de sus fieles está de acuerdo con que se imparta en los colegios.

Lo trascendente no es necesariamente que los y las católicas se alejen, en sus comportamientos y prácticas, de los principios doctrinarios. Este alejamiento no es novedoso, ya que constituye un componente del doble discurso y de la hipocresía que caracteriza nuestras sociedades y que son una barrera importante para los cambios legales: mientras se defienden públicamente los principios doctrinales de la Iglesia, de forma secreta o privada se llevan adelante prácticas que los contradicen. Lo importante es que un porcentaje importante de los creyentes articulan en sus discursos y opiniones un amalgamiento entre la identidad religiosa (en este caso católica) con una postura hacia la sexualidad más amplia y diversa. Los comportamientos privados escondidos bajo el doble discurso (y posibilitados por contar con los recursos económicos) no tienen el impacto político de los discursos de estos creyentes que piden flexibilización en relación al aborto, educación sexual en los colegios a sus niños y acceso universal a los anticonceptivos.

Por estos sectores pasa, en gran medida, el cambio social necesario para sociedades más democráticas y plurales. No será necesariamente, como lo diseñó la modernidad, la retracción de las creencias religiosas pero más bien la pluralización del campo religioso el que termine erosionando el poder de las jerarquías reaccionarias y dogmáticas.

* Investigador Conicet; coordinador del área de investigación de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba.