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El reciente “golpe institucional” en Brasil no podría comprenderse sin el protagonismo que en ese escenario tuvieron las grandes corporaciones mediáticas. De tanto afirmarlo, lo antes dicho se ha convertido en un lugar casi común y, por este mismo motivo, se corre el riesgo de desestimar la importancia que ello tiene para el ejercicio de la ciudadanía, para la libertad y para la democracia misma como sistema que busca hacer de la representación ciudadana la garantía de la igualdad de derechos. Lo cierto, lo real, lo concreto es que en Brasil los parlamentarios destituyeron, sin motivos fundados, a la Presidenta que había sido elegida por 54 millones de brasileños. Y para hacerlo contaron con la complicidad de los medios más poderosos que trabajaron el tema, construyeron sentidos, en algunos casos falsearon información y, por supuesto, jugaron sus propios intereses.

Lo ocurrido en Brasil ahora no hace sino poner en situación una realidad que atraviesa toda la región y que se ha repetido en varios países, apenas con diferencias menores y que vuelve a poner sobre la mesa del debate el papel de los medios y de los periodistas en democracia. Y abre nuevamente la posibilidad de pensar el asunto en Argentina.

El colombiano Omar Rincón, uno de los estudiosos latinoamericanos de la comunicación que más se ha dedicado al tema, en varios de sus escritos sostiene que “la democracia ha devenido una batalla mediática” y que “los medios de comunicación son la cancha donde se está jugando la democracia en América Latina”, para agregar en otro momento que “medios de comunicación y gobiernos luchan por el amor del pueblo” porque “los medios se retiraron de su rol de contrapoder y se asumieron como actores políticos; creyeron tanto en sí mismos que decidieron que con base en su poder moral y su tradición liberal y su libertad de expresión tenían derecho a juzgar, condenar, absolver, ordenar o gobernar”.

Son frases de distintos textos del pensador colombiano que todas juntas sirven para describir un proceso al que asistimos en todo el continente.

Manuel Chaparro, periodista español y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, completa el panorama anterior advirtiendo “que la ciudadanía tenga que estar en silencio en una democracia es no sólo perjudicial sino peligroso” y “que los medios definan e interpreten el sentir, la inquietud y el deseo de los ciudadanos en función de intereses propios ocultos es desestabilizador”.

Y agrega el propio Chaparro que “la comunicación debe promover como objetivo el empoderamiento de la sociedad civil, su capacidad de respuesta crítica, su participación desde el manejo de una información comprometida con la verdad. La información en los medios de masas debe responder a la necesidad de facilitar claves para comprender la realidad. Responder a los desafíos y los problemas no es posible sin un sistema de información y comunicación verdaderamente democráticos”.

Entonces ¿cuál es el papel que los medios de comunicación y los periodistas pueden y deben jugar en el sistema democrático?

Las respuestas están en las afirmaciones de Chaparro señaladas líneas más arriba.

- Empoderamiento, participación y respuesta crítica de los actores de la sociedad civil a partir del manejo de información veraz, plural y diversa, en fuentes, en argumentos, en vocerías.

- Colaboración en ofrecer claves de lectura para la interpretación de lo real, para comprender las situaciones de la vida cotidiana. Claves de lectura que deben entenderse como herramientas para interpretar y no como anteojos o recetas fijas y predeterminadas.

En definitiva: un ejercicio pleno del derecho a la comunicación, en el que los periodistas, los comunicadores en general, profundicen su tarea de facilitar el diálogo público en el espacio público, como profesionales pero también como actores comprometidos de una sociedad democrática que necesita del aporte de cada uno y de cada una para seguir construyéndose y consolidándose.

Y tal como lo viene sosteniendo en sus diversos pronunciamientos en la Argentina la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), garantizar lo anterior no puede ser apenas una decisión individual de los dueños de los medios o de los periodistas, sino que por tratarse de una cuestión que atañe a los derechos del conjunto de la ciudadanía, corresponde al Estado tener una participación activa y positiva para garantizar tales derechos. El debate sobre la nueva ley de comunicación que el gobierno dice impulsar genera una nueva oportunidad para que así sea, siempre y cuando los representantes abran sus oídos a la escucha de los diferentes actores involucrados.