Es improbable que alguno de los que participaron de la paqueta cena y colecta de campaña en La Rural de la Fundación Suma, que preside Gabriela Michetti, haya imaginado que esa escena sería reproducida e investigada en un expediente judicial. Sin embargo, la causa sobre el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta jaquea cada vez más a la funcionaria y a su entorno. A través de un escrito presentado al juez federal Ariel Lijo, el abogado Leonardo Martínez Herrero advirtió que en la última gala de esa fundación, realizada pocos días antes de que Cambiemos asumiera el gobierno, voluntarios de la organización recolectaron donaciones mediante un “posnet” portátil que llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural. Además, en la página web de Suma, el link destinado a donaciones conduce a una cuenta de “Mercado Pago”, identificada con número y usuario, en el que se puede aportar dinero en forma voluntaria. En tanto, el presidente Mauricio Macri salió a respaldar a Michetti.

Ante una pregunta respecto del caso, Macri expresó su apoyo a la vicepresidenta: “Estoy confiado en que no hay nada extraño. Yo realmente creo en mi vicepresidente”, dijo el mandatario en una entrevista con la agencia Bloomberg. El jefe del Estado agregó que “ella continuará dando las explicaciones que requiera la Justicia”, pero insistió en que confía en ella y en todo su equipo.

En su presentación ante el juzgado de Lijo, el abogado Martínez Herrero reclamó que el sitio de internet MercadoLibre y su brazo financiero Mercado Pago “remitan todas las operaciones realizadas, detallando todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta, especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de Suma”. El abogado denunciante también pidió “los datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación o bien es de un particular y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por Suma en los organismos correspondientes y en su información contable”.

Además, Martínez Herrero recordó que la Fundación no tenía en su sede los libros contables que el juez Lijo ordenó secuestrar en el marco de la investigación, sino que los presentó al día siguiente del procedimiento porque presuntamente estaban en poder del contador de la organización. “Atento a la demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ (Inspección General de Justicia), como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica”, apunta la presentación. La sospecha es que la documentación haya sido adulterada para encubrir algún tipo de ilícito.

Gabriela Michetti es investigada por el origen del dinero que le fue robado de su casa el 22 de noviembre, la misma noche en que fue electa vicepresidenta, cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa. Por el robo fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un policía que formaba parte de su custodia.

Michetti afirmó que los 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cartón provenían de donaciones a la Fundación Suma, 45 mil eran para el pago de refacciones en la vivienda y los 50 mil dólares correspondían a un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo. La semana pasada la investigación se amplió a hacia las fundaciones de otros políticos del PRO que nunca presentaron balances.