Tras la presión ejercida la semana pasada a través de una solicitada, mañana se concretará la audiencia en la Sala I de la Cámara Federal para tratar la reapertura o no de la causa iniciada con la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Una serie de referentes empresariales, encabezados por la Sociedad Rural, dirigentes políticos como Elisa Carrió, protagonistas del mundo judicial y dirigentes de la comunidad judía pidieron la destitución del juez Daniel Rafecas porque hace un año y medio desestimó la denuncia del fiscal. La DAIA volvió a la carga y tiene el respaldo del fiscal Germán Moldes. A partir de las 12, los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler encabezarán la audiencia y seguramente se tomarán unos días para decidir. En marzo de 2015 los dos camaristas respaldaron el fallo de Rafecas.

En principio, en la audiencia de mañana expondrán oralmente Alejandro Rúa, que junto a Graciana Peñafort defienden al ex canciller Héctor Timerman, y Lucila Larrandart, abogada del diputado Andrés Larroque. Nisman acusó a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller, así como a Larroque y otros dirigentes políticos por el delito de encubrimiento a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán. Como señaló el jurista Julio Maier ayer, en Página/12, “las relaciones con países extranjeros son competencia del Poder Ejecutivo y los tratados deben ser ratificados por el Congreso Nacional. Eso es lo que sucedió y tales tratados puede ser valorados como buenos o malos, pero las opiniones no constituyen al tratado como una acción criminal”. La DAIA volvió a la carga con el argumento de que la causa debía reabrirse por dos motivos. Una llamada telefónica entre Timerman y el titular de la AMIA, Guillermo Borger, en que el ex canciller afirmó que Irán fue responsable del atentado pero que había que negociar con ellos para que declaren los imputados ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. La conversación fue grabada en forma clandestina, ilegal. Pero aún así, el propio Borger admitió que no se dijo nada nuevo, que las posturas de ambos fueron las mismas de siempre. El otro elemento que cita la DAIA es que ahora quedó firme la inconstitucionalidad del Memorandum ya que el gobierno de Mauricio Macri desistió de ese acuerdo. En su fallo reciente Rafecas mencionó que eso hace más imposible aún la ejecución del tratado, que como nunca entró en vigencia no podía por lo tanto producir ningún efecto delictivo.

Moldes pidió ayer por escrito la reapertura, apoyando un texto anterior de Pollicita mientras que Rúa y Larrandart sostendrán la postura de que en la denuncia no se describe delito alguno. La decisión quedará a cargo de Ballestero y Freiler aunque el expediente, tarde o temprano, irá a la Casación y tal vez a la Corte Suprema.