Cuando se pide justicia, es mejor tener claro qué se pide. Y cuando se responde a un pedido de justicia, mejor que la policía no sea la que conteste. Por el crimen de Hugo Mayares, el vecino de El Palomar que fue asesinado el domingo pasado, la Bonaerense detuvo a tres jóvenes, uno de ellos de catorce años. Los testigos del crimen dicen que no hubo ningún chico entre los asaltantes, y esperan “que las detenciones no hayan sido apresuradas para que no hagamos la marcha”. Los vecinos de El Palomar iban a cortar el Acceso Oeste, y los medios estaban preparados para cubrir otra “pueblada” contra la inseguridad, un tema pendular que aparece y desaparece según qué otras cosas estén pasando. Es notable, por ejemplo, que en los largos meses que duró el conflicto con los sectores ruralistas, la inseguridad no haya estado en la agenda. ¿Había menos asaltos? ¿Los pibes chorros estaban mirando a De Angeli en TN y no salían a la calle?

Esta vez, el que sacó el as de la manga fue el gobernador Scioli. No hubo un Blumberg. El propio Ejecutivo bonaerense salió a pedir la baja en la edad de imputabilidad. El crimen del ingeniero Barrenechea pareció obligar al gobierno de la provincia a manotear esa medida, siempre popular entre los que salen a pedir seguridad. La pregunta es: cuando se pide seguridad, ¿también se pide justicia? Suponiendo que sí, y tratándose esta vez de vecinos de El Palomar cuyo reclamo no habría sido tan potente si no hubiese sido precedido por el de los vecinos de San Isidro, es de esperar que un chico de catorce años no haya sido detenido para evitar el corte de una ruta. Catorce años es justo la edad de corte, la edad a la que se quiere bajar la imputabilidad. Al chico lo detuvieron la misma noche de la protesta. Los testigos dudan. En TN sale en las últimas semanas la noticia del juez Arias, que prohibió a la policía detener menores en averiguación de antecedentes. Pero el título de TN es “la policía no podrá detener a menores”. En la provincia de Buenos Aires están pasando cosas graves con menores y con militantes sociales. Hace poco, un adolescente de Pelota de Trapo, la fundación que dirige el sociólogo Morlachetti, fue secuestrado, golpeado y amenazado. La semana pasada, una joven militante social que trabaja en barrios pobres de La Matanza fue secuestrada en un auto y le cortajearon la cara. ¿No es noticia?

Si se pide seguridad y justicia, habría que empezar por el principio. Antes de demonizar a los púberes y adolescentes pobres, por qué no asegurarse de que la Policía Bonaerense, ésa que era la mejor policía del mundo, ésa que era la maldita policía, no haya dejado atrás cierto tipo de aberraciones como las detenciones al voleo de perejiles imberbes. Durante un par de años tuve el gusto de trabajar en el boletín de Pelota de Trapo. Desde la fundación me mandaban diariamente noticias vinculadas con adolescentes y yo les daba forma. En ese tiempo comprobé azorada cómo cada una de las noticias en las que están involucrados chicos de diez a dieciocho años, en diarios de todo el país y en agencias de noticias, tienen como única fuente a la policía. Los chicos no tienen de su parte ni siquiera a la más básica regla periodística, que es tener las dos fuentes. Los chicos no tienen abogados. Nadie habla por ellos. Nadie les pregunta nada. Son “menores”. Que pierdan la libertad o la vida no saca a nadie a la calle.