“La penalización del consumo ha dejado a las adicciones afuera del sistema sanitario”; “En los países donde no se persigue penalmente al consumidor, la cantidad de adictos bajó, mientras subía en la Argentina”; “Examinamos la necesidad de revisar la política sobre drogas”: éste era el tono de los comentarios de varios legisladores, luego de la primera reunión que la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados sostuvo con el Comité Científico Asesor, designado por el Ministerio de Justicia. La clave del curso que viene tomando el debate está en una frase que puede parecer puramente técnica: “Hay que regular los aspectos preventivos y asistenciales por separado de los aspectos de naturaleza criminal”. En esa fórmula se sustenta la despenalización del consumo de sustancias prohibidas: no se trata –aclaró un legislador– de vender drogas en los quioscos, sino de que, en la visión del Comité, la asistencia es y será imposible mientras se criminalice al mismo sujeto a quien se procura asistir. Así, por ejemplo, “un joven con antecedentes judiciales por consumo pierde acceso al mercado laboral: ¿eso lo va ayudar contra la adicción?”, puntualizó un diputado. En ese clima de diálogo, los legisladores y los miembros del Comité acordaron un sistema de consulta permanente.

Graciela Giannettasio, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo a este diario que “en la reunión se planteó la necesidad de una nueva norma que regule, por una parte, los aspectos preventivos y de asistencia vinculados con las adicciones, y, por separado, los aspectos de naturaleza criminal referidos al narcotráfico”. En este orden, la legisladora sostuvo que “hay un cambio de paradigma, con una mirada multidisciplinaria y no sólo represiva”.

“La despenalización del consumo –puntualizó Giannettasio– no debe confundirse con una especie de libre mercado para las sustancias, no es que la droga se vaya a vender en los quioscos: se trata de no hacer eje en la represión de quien consume la sustancia, sino en el acceso a la salud por parte del adicto y en la persecución criminal del que trafica.”

Según el diputado Juan Sylvestre Begnis –quien, además de integrar la Comisión de Adicciones, preside la de Salud–, “necesitamos revisar cómo nos ha ido, porque la Argentina, que era un país ‘de tránsito’, pasó a tener índices de consumo mucho mayores que los países que tienen liberalizado el consumo personal, como es el caso de los europeos”. El legislador recordó que “en 1998 se había acordado establecer un organismo político integrador que concentrara la represión del narcotráfico y las funciones asistenciales, como lo ha sido el Sedronar, pero se ha criticado que esto condujo prácticamente a la exclusión del sector salud”.

Sylvestre Begnis sostuvo que, bajo estas condiciones, “las derivaciones desde la Justicia, por ejemplo por consumo de paco, llegan cuando los casos ya están avanzados o en estados casi terminales”. Además, subrayó, “cuando a un joven lo detienen y le abren una causa por consumo, aunque no vaya preso el antecedente le queda como estigma que le dificulta el acceso a la educación y prácticamente le impide conseguir trabajo”.

El legislador también advirtió sobre la situación de “las ‘mulas’, mujeres generalmente aborígenes que, especialmente en la provincia de Salta, están detenidas por trasladar no más de 50 gramos de droga: los narcotraficantes las usan a propósito, sabiendo que serán detenidas, como distracción mientras, por otro lado, hacen pasar las cantidades de droga que realmente importan: esto se impediría si concentráramos la actividad policial y judicial en la pesquisa de las grandes líneas de comercialización”.

El Comité Científico Asesor en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja fue designado por Aníbal Fernández, ministro de Justicia. Según señaló Mónica Cuñarro, coordinadora del Comité, “ya acordamos en rectificar el criterio de perseguir penalmente al consumidor; en democratizar el acceso a la salud para todo quien necesite asistencia por adicciones y en reservar el orden penal para quienes usufructúan el negocio ilícito”.