El Gobierno y las entidades del campo protagonizaron ayer en la Casa Rosada una negociación cargada de tensión para intentar ponerle fin el lockout agropecuario. El encuentro comenzó a las 19 y las primeras certezas llegaron después de la medianoche cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ofreció una conferencia de prensa donde detalló lo que se le ofreció al sector y adelantó que el lunes seguirán negociando. “Se llevaron la firme decisión del Gobierno de que ninguna unidad económica del campo carezca de rentabilidad”, aseguró Fernández, quien durante la conferencia de prensa estuvo en compañía del ministro de Economía, Martín Lousteau, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. También informó que el Gobierno ofreció abrir el registro de exportaciones de trigo, crear una Secretaría de Agricultura Familiar, contemplar la situación de los 4500 productores que aún están endeudados con el Banco Nación y crear una mesa de diálogo para discutir políticas para los próximos cuatro años. También aseguró que la Ley de Abastecimiento está vigente y que es una herramienta que podrían aplicar. Como si no hubiera habido ninguna propuesta, los dirigentes del campo mantuvieron su posición intransigente y dejaron para hoy la respuesta sobre si siguen negociando.

El encuentro se gestó luego de que las entidades comunicaran el levantamiento de la medida de fuerza. Sin embargo, los productores quedaron en estado de “alerta y movilización” y apenas se supo que existían dificultades para llegar a un acuerdo volvieron a cortar las rutas. Desde el Gobierno dejaron trascender que las entidades se mostraron inflexibles y llegaron a pedir que “se eliminen las retenciones a las exportaciones durante un año”, lo cual fue desmentido por los ruralistas. También se dijo que el gobierno estaba evaluando aplicar la Ley de Abastecimiento y que la presidenta Cristina Fernández Kirchner instruyó a los ministros Florencio Randazzo y Aníbal Fernández para que estén preparados para despejar las rutas con la Gendarmería.

Los dirigentes rurales llegaron a la casa Rosada a las 18 luego de haber estado toda la tarde negociando entre ellos para poder ofrecer la tregua que había exigido la presidenta el jueves por la noche. Del lado oficial, estuvieron el jefe de gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Martín Lousteau; el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. La Presidenta sólo pasó a saludar y luego se retiro (ver foto). Las entidades fueron representadas por sus primeras líneas conformando una comitiva de más de quince personas. La reunión se extendió sin interrupciones desde las 19 hasta pasadas las 22. En ese momento se convocó a un cuarto intermedio debido a la dificultad para conciliar posiciones.

Los dirigentes dejaron trascender entonces que “las bases” habían vuelto a cortar las rutas en todo el país. “No podemos negociar con este nivel de extorsión”, señalaron a Página/12 desde el Gobierno. Pocos minutos después, Alberto Fernández, convocó a una conferencia de prensa. Algunas fuentes informaron que el jefe de gabinete iba a anunciar que la negociación se había caído, pero Fernández volvió a ingresar a la sala de reunión. “Está apretando a los dirigentes con escracharlos ante la población para que aflojen con su postura”, detalló un miembro de las entidades que esperaba con ansiedad lo que ocurría adentro. Desde ese momento, empezaron a trascender todo tipo de versiones interesadas que buscaban torcer el rumbo de la negociación.

Al comenzar la reunión los funcionarios ratificaron el sistema de retenciones móviles que motivó el lockout, pero ofrecieron un paquete de medidas que incluye compensaciones para los pequeños productores e incentivos para el desarrollo de actividades que han venido perdiendo terreno frente a la soja, como la carne, la leche y la frutihorticultura.

La intención oficial es reintegrarles a los pequeños chacareros parte del dinero que les cobran por retenciones. La línea de corte contemplaría a los que explotan superficies de hasta 250 hectáreas y producen hasta 3200 kilos de cereal por hectárea. Ese universo está integrado por 80 mil de los 120 mil productores de granos del país y se prevé una escala que incrementa el porcentaje a medida que el tamaño del productor disminuye.

Sólo ese reintegro supondría una erogación de 600 millones de pesos por año. La medida está orientada fundamentalmente a complacer los pedidos que venía realizando Federación Agraria. Sin embargo, desde el Gobierno trascendió anoche que Eduardo Buzzi, presidente de la entidad, rechazó el ofrecimiento y solicitó un reintegro equivalente a 20 puntos de retenciones para los pequeños productores, por un monto difícil de precisar ya que no se sabe a cuántos alcanzaría, más otros 1000 millones de pesos destinados a apuntar a la agricultura familiar a través de la subsecretaría que Federación Agraria viene reclamando desde que Felisa Miceli estaba al frente del ministerio de Economía. “Ese pedido ese inaceptable”, señalaron a Página/12. Fuentes de la entidad desmintieron luego a este diario que el fracaso de la reunión haya sino consecuencia de ese pedido.

La oferta oficial contemplaba también la ejecución de 200 millones de pesos del Plan Ganadero, que viene demorado desde hace varios meses, y una suba del precio de corte que se le puso a la leche de al menos el 10 por ciento. Con esto se buscaba seducir fundamentalmente a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entidad integrada básicamente por ganaderos de una provincia que concentra el 50 por ciento de cabezas del país, pero Carbap continúo siendo ayer una de las entidades más duras y se mostró inflexible. Ayer por la mañana, por ejemplo, publicó en el matutino La Nación una solicitada donde criticó duramente a la presidenta Cristina Kirchner (ver aparte) y por la tarde su presidente, Pedro Apaolaza, volvió a dejar en claro que sólo se retirarían de las rutas si el gobierno daba marcha atrás con la medida implementada el 11 de marzo.